Lomas se movilizó por Ni Una Menos: reclamos por los femicidios y el ajuste

En los últimos 11 años se registraron 3.144 femicidios, 46 transfemicidios-travesticidios y 15 instigaciones al suicidio, demostrando que la violencia por razones de género sigue siendo una emergencia en nuestro país.

"Cuando la mamá de Agostina fue a hacer la denuncia, la Policía no le dio pelota y acá lamentablemente sabemos que si una chica no está en el colegio ni con sus amigas es probable que la hayan secuestrado, matado o violado. Las denuncias se tienen que tomar en el momento porque las primeras 24 horas son las más importantes y basta de cuestionar a las víctimas por lo que hicieron en sus vidas", remarcó Alexandra Álvarez, vicepresidenta del Centro de Estudiantes "Sandra y Rubén" perteneciente al ISFD 102 del ENAM.

En la histórica escuela de Banfield colgaron un pañuelo de Ni Una Menos y se juntaron para ir a la movilización. "Marchamos por las víctimas de femicidios y por todas las que sufren violencia por parte de hombres que las maltratan psicológicamente, económicamente y las hacen sentir mal e inseguras para que ellas no se den cuenta la fuerza que tienen como mujeres y puedan salir de ese lugar. Hay muchos discursos de violencia y políticas de odio por parte del gobierno que repercuten en la sociedad y eso tiene que cambiar", señaló Alexandra.

Ni Una Menos: cifras alarmantes en medio del ajuste y los recortes

A 11 años del primer Ni Una Menos, un informe de la Universidad Nacional del Delta y el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven revela que en nuestro país hubo 3.205 víctimas letales de violencia de género (1 femicidio cada 31 horas).

El 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima, y el 63% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la mujer o en un hogar compartido con el agresor: el principal ámbito de violencia es el entorno cercano.

El relevamiento también advierte que el 17% de las víctimas había realizado denuncias previas y el 10% contaba con medidas judiciales de protección, exponiendo el desinterés por parte de la Justicia y las fuerzas de seguridad para garantizar la protección.

Todas estas problemáticas se dan en un contexto de desmantelamiento de políticas de género, recortes tanto en la prevención como en la asistencia, y el avance de discursos negacionistas por parte del Gobierno Nacional.