Hernán De Campo y Lucas Della Vedoba, exjefe de ventas y exgerente de V-Lion, buscan recuperar la libertad mientras sigue la búsqueda del prófugo.
La concesionaria fue clausurada.
La causa por las presuntas estafas cometidas desde la concesionaria V-Lion de Temperley sumó un nuevo capítulo judicial: Hernán De Campo y Lucas Della Vedoba apelaron la prisión preventiva que los mantiene detenidos y buscan recuperar la libertad mientras continúa la investigación.
Los dos hombres son exjefe de ventas y exgerente de la firma, respectivamente, y están imputados por "asociación ilícita" y múltiples hechos de estafa. La causa, a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora, ya acumula al menos 27 denuncias de personas que aseguran haber pagado importantes sumas de dinero por vehículos que nunca recibieron.
De Campo había sido detenido en un barrio cerrado de José C. Paz, mientras que Della Vedoba fue localizado en una vivienda de Ituzaingó. Ambos habían permanecido prófugos durante aproximadamente diez meses, desde septiembre de 2025, hasta que fueron capturados en julio de este año.
Luego de sus detenciones, las defensas de ambos acusados habían solicitado que fueran liberados. Sin embargo, el Juzgado de Garantías 1 de Lomas, a cargo de Jorge López, rechazó los pedidos.
Ahora, las defensas volvieron a recurrir la decisión y será la instancia superior correspondiente la que deberá analizar el planteo. Mientras tanto, De Campo y Della Vedoba continúan detenidos y la causa sigue avanzando.
En paralelo al planteo de los dos detenidos, los investigadores mantienen la búsqueda de Hernán Velardo, señalado como el principal acusado y quien se desempeñaba como administrador general de V-Lion.
Velardo tiene un pedido de captura vigente y permanece prófugo. Para la investigación, su detención resulta clave para reconstruir el funcionamiento de la presunta asociación ilícita que habría operado desde la concesionaria ubicada en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley.
Según la investigación, algunos damnificados llegaron a pagar hasta 5 millones de pesos, mientras que otros entregaron alrededor de 3.000 dólares sin recibir los vehículos prometidos.
Además, los investigadores detectaron que, después de que se cerrara la cuenta bancaria del dueño, algunas cuotas comenzaron a ser depositadas en cuentas personales de empleados, quienes luego transferían el dinero.
