El Congreso comenzará a tratar el proyecto de ley de Glaciares impulsado por el presidente Javier Milei. De aprobarse esta iniciativa, la ley que protege los glaciares quedaría desmantelada para dar paso a las millonarias inversiones de empresas mineras. Con la reforma el ambiente sería reconfigurado con un carácter mercantil.
El proyecto de ley, que será tratado primero por el Senado, será un complemento a todos los beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos que ya tienen las mineras a través de un régimen especial de inversiones conocido como RIGI, y que ha logrado atraer a multinacionales como Glencore Plc, BHP y Lundin Mining.
Qué incluye la reforma de Javier Milei
La reforma desmantelaría las protecciones a los glaciares, aunque las mineras y otros actores consideran que brindarían precisiones para avanzar con inversiones que convertirían al país en un proveedor clave de cobre y litio, metales con creciente demanda por la transición energética.
Una de las principales modificaciones consiste en delegar en las provincias la definición de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, que incluye cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica.
Qué valor se le da al ambiente
La ley sancionada en 2010 que el Gobierno quiere modificar prohíbe la explotación minera y otras actividades industriales en glaciares y zonas periglaciales (glaciares de escombros y suelo congelado), estableciendo los presupuestos mínimos para su protección y buscando la preservación de estas formaciones como reservas estratégicas de recursos hídricos.
La norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que relevó 16.968 cuerpos de hielo en la cordillera de los Andes, con una superficie cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados, un informe elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia).
El argumento de las empresas
Para Eduardo Sosa, licenciado en Gestión Ambiental y exfuncionario de la Secretaría de Ambiente de Mendoza, los cambios a la ley son innecesarios y representan una amenaza directa para las economías regionales de base agrícola y para la supervivencia de los ecosistemas de montaña.
"La ley vigente no presenta imprecisiones en cuanto a las actividades permitidas ni en la delimitación de las zonas protegidas", afirmó y dijo que durante 2025 se realizaron 34 marchas de protesta en defensa del agua en Mendoza.
"El argumento de las corporaciones mineras es falaz: si una empresa desea desarrollar un proyecto en un área donde podrían existir glaciares o ambientes periglaciales, basta con consultar el Inventario Nacional de Glaciares y realizar una campaña exploratoria", agregó.