Crimen del empresario: la causa podría pasar a General Rodríguez
CAMBIO. En caso de quedar firme la prisión preventiva de los detenidos, la causa podría pasar a una fiscalía de la jurisdicción donde habrían asesinado a la víctima.
Luego de la prisión preventiva dictada contra los acusados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario descuartizado que fue encontrado en Ingeniero Budge, las partes del caso esperan conocer la siguiente resolución para planear las estrategias procesales.
Fuentes cercanas a la investigación confiaron a La Unión que, de quedar firme el fallo dispuesto por el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, la investigación podría pasar a una fiscalía de General Rodríguez, jurisdicción donde, de acuerdo a lo determinado hasta ahora, la víctima haría sido asesinada.
"Seguro que va ir a General Rodríguez, porque incluso en las prisiones preventivas, en las descripciones del hecho, el homicidio se produjo ahí, por lo cual, no hay ninguna forma de que continúe por mucho más tiempo en Lomas de Zamora", informaron a este medio.
Por ahora, la instrucción de la causa está a cargo del fiscal Marcelo Domínguez, al frente de la UFI 5 de Lomas. Sin embargo, esta podría ser declarada incompetente, para dar intervención al Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez.
Mientras tanto, siguen detenidos Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas, Matías Gil, Luis Contreras, Horacio Córdoba y Fernando Carrizo, considerados partícipes del homicidio.
Los seis están imputados por "homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, por placer y codicia".
Monelos afirmó que "existía una empresa criminal previa" entre Pilepich, Vargas, Gil, Contreras, Córdoba y Carrizo y que "cada uno formaba parte de un eslabón más en el plan urdido que tuvo por propósito ultimar a Pérez Algaba para cesar con sus reclamos dinerarios, acreencias e intimidaciones".
En ese sentido, el juez señaló que los seis se pusieron de acuerdo en "cooperar activamente en deshacerse del cuerpo y los rastros del homicidio, aportando para ello tecnología, asesoramiento, experticia, apoyo, logística, mano de obra, movilidad e incluso el marco territorial".
Además, el juez tuvo en cuenta los registros de cámaras de seguridad, el impacto en las antenas de los llamados telefónicos de los implicados y los mensajes de texto que hubo entre los sospechosos y la víctima antes del atroz crimen.
