Nicolás Fernández, detenido por el incendio que terminó con la muerte de Jorge y Benjamín Oviedo, y Marina Geselle Díaz, imputada por amenazas, solicitaron ser sometidos a juicios diferentes.
Los imputados serán juzgados por el hecho ocurrido en Fiorito.
A casi un año del incendio que derivó en el doble crimen de Jorge y Benjamín Oviedo en Villa Fiorito, los dos imputados pidieron ser juzgados por separado. Sin embargo, la querella se opuso al planteo de la defensa y ahora están a la espera de la fecha del juicio.
Según pudo averiguar La Unión, por un lado, Nicolás Fernández permanece detenido y llegará al debate acusado por el delito de "incendio seguido de muerte", mientras que por el otro, Marina Geselle Díaz, se encuentra imputada por "amenazas".
Ambos planteos fueron rechazados por la querella, que representa a la familia de las víctimas y sostiene que los dos acusados deben ser juzgados dentro del mismo proceso.
Ahora, la Justicia deberá resolver el planteo mientras se aguarda la definición de la fecha para el debate oral. La causa fue elevada a juicio en junio pasado, pero hasta el momento no se estableció cuándo comenzará el proceso.
El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando un grupo de personas habría atacado la vivienda de la familia Oviedo en Villa Fiorito y provocado un incendio.
Benjamín, de 13 años, murió dentro de la vivienda. Su hermano Jorge, de 30, sufrió graves quemaduras y fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde falleció posteriormente.
Desde el comienzo, la familia sostuvo que el incendio fue provocado de manera intencional y que detrás del ataque hubo varias personas. En los registros incorporados a la investigación se observa a un grupo frente a la vivienda mientras se desarrolla el incendio.
La familia también apuntó contra Díaz como una presunta instigadora del ataque. En marzo de este año, la mujer había sido citada por la UFI 6 de Lomas de Zamora para ser acusada formalmente dentro de la investigación.
La situación procesal es uno de los principales reclamos de las víctimas, que consideran que el expediente debería contemplar la responsabilidad de todas las personas que habrían participado del ataque.
