Con una masiva movilización, choferes de la línea 145 reclamaron volver a trabajar

Con una masiva movilización, trabajadores de la línea de colectivos 145 se manifestaron este lunes en la puerta del juzgado federal N° 1 de Lomas de Zamora para que el juez Federico Villena levante la clausura del predio de la empresa Rosario Guaraní y libere las unidades secuestradas para que los tres ramales de la compañía puedan volver a funcionar.

Desde hace casi un mes, el servicio que une Villa Albertina y Plaza Italia y Plaza Italia y el Mercado Central se encuentra totalmente paralizado. La situación se da en el medio de una descarnada guerra judicial entre los actuales dueños y Grupo Plaza, que antes estaba a cargo de la 141, y una interna sindical entre dos corrientes de la Unión Tranviarios Automotor.

En el medio quedaron como rehenes 263 trabajadores y 40 mil pasajeros.

Esta mañana, con bombos y pancartas, un nutrido grupo de choferes cortó la calle Alem, entre Boedo y Sáenz, con un reclamo bien claro: "Queremos volver a trabajar". Juan Carlos Tomé, delegado de la línea, confió a La Unión que viven días de incertidumbre: "Hoy no sabemos lo que puede llegar a pasar, y queremos garantizar nuestra fuente de laburo".

"Estamos llegando a una época muy importante del año que son las fiestas, y creo que todos queremos pasarla bien. Al no trabajar se suma la posibilidad de que no nos bajen los subsidios para pagarnos los sueldos, y si esto se extiende, qué sé yo, nos podemos quedar sin trabajo también", señaló con preocupación rodeado de sus compañeros. 

Alrededor del mediodía una nutrida columna de la UTA y de delegados de distintas líneas se acercaron en varios colectivos para apoyar el pedido de los empleados de la 145. La protesta algo consiguió: el juez Villena se comprometió "en los próximos días" a tener una reunión con los directivos de la empresa Rosario Guaraní, según pudo saber La Unión.

Desde que la línea fue adjudicada por el Ministerio de Transporte a la UTE Nuestra Señora del Rosario, integrada por dos empresas de la familia Zbikoski, el conflicto en la 145 recrudeció. MAYO SATA, con el apoyo de la DOTA, impugnó la licitación y a partir de ahí empezaron los tironeos y el fuego cruzado entre los empresarios para quedarse con el servicio.

Pero los problemas para los trabajadores vienen desde mucho antes. Cuando la ex141 era controlada por MAYO SATA estuvieron varios meses sin cobrar y las condiciones laborales distaban mucho que desear. Por eso, en julio de este año, el Ministerio de Transporte decidió quitarle el permiso de concesión y se la adjudicó a los nuevos dueños.

A partir de eso, comenzaron una serie de inconvenientes que hicieron que la reanudación del servicio en septiembre sea complicada. Se demoró la entrega de los aparatos del sistema SUBE, también la autorización para circular a distintas unidades y hasta hubo un primer impedimento de parte del Municipio para que el predio de Itatí pudiera abrir.

Después surgieron distintas marchas de choferes alineados con la Agrupación Juan Manuel Palacios, enfrentada con la conducción de Roberto Fernández en la UTA, y hace un mes llegó la resolución del juez Villena. Clausuró el predio de Itatí  y Camino Negro por presuntas irregularidades en la aplicación de los protocolos contra el Covid-19.

Desde la Rosario Guaraní aseguran que "no hubo" un caso de Coronavirus dentro la empresa y que detrás de la denuncia hay una "clara intencionalidad política". Le apuntan a la DOTA y a la Agrupación Juan Manuel Palacios por estar detrás de todo. "Se quieren quedar con el recorrido", sostienen.

Tomé asegura que este escenario no solo perjudica a los trabajadores sino también a los usuarios. "Nosotros vemos las quejas. Hay gente que en lugar de tomarse un solo colectivo hoy por ahí tiene que tomarse dos y hasta tres, y eso representa un perjuicio en la parte económica también", indica. Por insiste al juez que de una respuesta cuanto antes.

"Es una cosa muy complicada lo que estamos viviendo. Nosotros como ya tuvimos bastantes inconvenientes con el predio se estaban haciendo obras y uno sabe que un predio no se hace así, de un día para el otro. Entonces quizá la Justicia puede agarrar y decirle a la empresa que tiene un plazo determinado, para dentro de seis meses para hacer toda la infraestructura y después que venga a controlar, pero mientras tanto queremos salir a trabajar", apunta.