La línea 145 otra vez deja a miles de pasajeros a la deriva

Los problemas en la línea de colectivos 145 no terminan. La Justicia ahora dispuso la clausura del predio de la empresa Rosario Guaraní, que controla el servicio, y ordenó el secuestro de las unidades en forma transitoria. Ante esta situación miles de usuarios no pueden utilizar ninguno de los ramales que unen Lomas con Flores y Palermo.

La batalla judicial en la que está inmersa la compañía desde que se quedó con los recorridos de la ex141 parecería profundizarse cada día de pasa. Desde la firma aseguraron este miércoles que desconocen los motivos por los cuales el juez que interviene en la causa firmó esta resolución y aseguran que hasta ahora no tuvieron acceso al expediente.

Según pudo saber La Unión, la empresa interpuso un recurso de amparo, pero aún no tuvo una respuesta favorable. "Nuestro compromiso es recuperar el servicio en favor de los usuarios y la fuente de ingresos de los trabajadores. Sin embargo, pese a todo ese esfuerzo, continúa la animosidad contra Rosario Guaraní", señalaron.

El conflicto en la línea recrudeció desde que el Ministerio de Transporte adjudicó a través de una "licencia precaria" la explotación de la línea de colectivos a la empresa del empresario correntino Marcelo Zbikoski. Como el Grupo Plaza impugnó la licitación, se desató una guerra en los Tribunales y en la calle que todavía continúa.

En septiembre pasado incluso, durante algunos días, ambas compañías salieron a la calle con sus unidades y se dio la insólita situación en la que los choferes se tenían disputar las paradas, los pasajeros y los recorridos.

La decisión de relicitar el servicio de la 141 fue tomada por las autoridades del Ministerio de Transporte debido a la frágil situación en la que se encontraba su anterior operadora, la empresa Mayo SATA, vinculada al Grupo Plaza. Esto terminó también en una denuncia por defraudación al Estado y a otras empresas que hoy tiene el Juzgado Federal N° 10.

En el medio quedaron los trabajadores. Según confiaron a La Unión, la empresa Mayo había dejado de pagar los sueldos y los nuevos dueños se comprometieron a regularizar la situación en el acta de adjudicación de la línea.

Sin embargo, esa promesa todavía sigue incumplida. "Hay 263 compañeros, y a cada uno se les debe alrededor de $300.000", precisó Alejandro Borelli, integrante de la Agrupación Juan Manuel Palacios enfrentada con la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que lidera Roberto Fernández.

Por esto, este miércoles, un grupo de choferes se manifestó a la altura de la colectora en Camino Negro y Virgen de Itatí. Con carteles y pancartas exigieron a los dueños de la empresa que les den una solución y prometieron que continuarán reclamando, como ya lo hicieron en varias oportunidades semanas atrás, hasta que no aparezca una respuesta.

"Estamos esperando que los dueños de la línea Zbikosky y Mossini nos atiendan y nos digan cómo nos van a pagar la plata que nos deben. Ellos entraron por la ventana con el aval de Roberto Fernández de la UTA y ahora nos dan un potrero sin agua para usar de cabecera, nos tenemos que cambiar arriba de las unidades", denunció Roberto, chofer de la línea.

La deuda actual, según dicen, es de cuatro meses y aguinaldo. "Vamos a seguir acá hasta que tengamos una respuesta de la empresa y del sindicato, que debería estar acá acompañándonos, pero como Fernández es socio de los dueños, no nos apoya", explicaron desde el reclamo.

Desde la empresa, a fines de octubre, se excusaron de la situación echándole la culpa al Ministerio de Transporte: "El Estado, por causas inexplicables, hasta hoy no nos ha abonado ni siquiera las compensaciones devengadas desde el 14 de septiembre, obligándonos a recurrir a fondos propios para no incumplir los compromisos salariales corrientes".

Lo cierto es que en el medio de todo esto los perjudicados son los usuario. Desde hace más de cinco meses, cada vez que se tienen que tomar alguno de los ramales tienen que preguntar "si funciona o no" o si pueden viajar. Desde hace días no pueden hacerlo.