Pozo de Banfield: un exrepresor busca despegarse de nuevos delitos que se le imputan
LESA HUMANIDAD. El abogado del expolicía Enrique Barré remarcó que "se mencionan nuevas victimas pero sin ninguna referencia a la autoría responsable" de su defendido, quien "estuvo pocos meses" en Banfield.
La defensa de uno de los exrepresores que son juzgados por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, por delitos cometidos durante la última dictadura militar en cuatro brigadas policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención, negó que el expolicía haya participado en nuevos delitos que se le imputan.
Se trata del juicio denominado "Brigadas", por los ex centros que funcionaron en la Brigada de Quilmes, de Banfield, de Lanús y de San Justo durante la última dictadura militar, debate a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de La Plata, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico.
Entre las 600 víctimas que pasaron por esos cuatro excentros clandestinos está Cristina Navajas, quien fue secuestrada embarazada y dio a luz en cautiverio a un niño que recién recuperó la identidad este 29 de julio último, convirtiéndose en el nieto recuperado número 133.
El 5 de septiembre último, la Unidad Fiscal Federal de La Plata, pidió se amplíen las imputaciones para 12 de los 15 represores, con la incorporación de 16 casos de violencia sexual y varios homicidios que se conocieron durante este debate.
En esa audiencia se incorporaron 16 casos de violencia sexualizada, 13 de ellos cometidos contra mujeres y 3 de ellos contra hombres, quienes sufrieron manoseos, violaciones y violaciones durante la tortura, con la introducción en el ano o la vagina de hierros o cucharas a través de las cuales les pasaban corriente eléctrica.
Ese mismo 5 de septiembre, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió que se amplíen las imputaciones contra el exministro Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Federico Minicucci, Luis Horacio Castillo, Jorge Berges y Carlos Fontana por el delito de "retención y ocultamiento de un menor de 10 años" en perjuicio del hijo de Cristina Navajas cuyo caso ya se ventila en este juicio.
Durante la audiencia de este martes, la defensa de los exrepresores, para quienes se amplió la acusación, hicieron uso de la palabra para contestar el planteo de ampliación de nuevos cargos.
El abogado Augusto Garrido, defensor del exrepresor Enrique Barré, expresó que "se mencionan nuevos hechos, nuevas victimas pero sin ninguna referencia a la autoría responsable de Barré con relación a esos nuevos hechos".
"Barré está detenido con preventiva por este juicio hace más de 8 años, de someterlo a la instrucción de nuevos hechos, según marca la ley, implicaría para él atravesar una nueva instrucción, nuevos recursos y hasta un nuevo juicio, lo que perjudicaría su situación personal y seguiría sometido a juicio prácticamente in eternum", destacó.
"Barré estuvo pocos meses en el Pozo de Banfield en 1976, incluso estuvo en el interior de la provincia de Buenos Aires durante unos meses", remarcó y sostuvo que "no vi autoría específica, que es el elemento esencial de toda acusación, con relación a Barré".
"Barré está detenido con preventiva por este juicio hace más de 8 años, de someterlo a la instrucción de nuevos hechos, según marca la ley, implicaría para él atravesar una nueva instrucción, nuevos recursos y hasta un nuevo juicio, lo que perjudicaría su situación personal y seguiría sometido a juicio prácticamente in eternum", destacó.
Insistió que Barré "no tuvo responsabilidad en los nuevos hechos que se le adjudican" y adelantó que el exrepresor, por recomendación suya, no prestará declaración indagatoria por el momento.
El presidente del TOF 1, Ricardo Basílico, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes cuando se oirá a los defensores oficiales de los restantes exrepresores para quienes se pidió la ampliación de nuevos delitos.
DELITOS COMETIDO CONTRA NIÑOS
A fines de septiembre, la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidió también que se impute a los exrepresores los delitos cometidos contra más de 50 niños y niñas que fueron encerrados en sus casas o abandonados en ellas tras el secuestro de sus padres por parte de grupos de tareas militares.
"Se trata de niños y niñas que sufrieron la privación ilegal de su libertad durante el tiempo de desarrollo del operativo, cuyas propias casas fueron usadas como espacios para aplicar torturas físicas y psicológicas, y que, en muchos casos, quedaban solos en esas casas tras llevarse a sus padres, o eran entregados a vecinos", detalló en esa oportunidad la abogada Verónica Bogliano, de la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.
LOS ACUSADOS
El TOF 1 juzga al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío, Alberto Condiotti y Juan Miguel.
