Más de 2.000 amicus curiae respaldaron ante la Justicia el reclamo contra el recorte del financiamiento para las escuelas técnicas del país.
Presentaron más de 2.000 adhesiones contra el desfinanciamiento de Javier Milei.
Más de 2.000 amicus curiae fueron presentados ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº12 para respaldar el amparo colectivo contra el desfinanciamiento de la educación técnica. La acción cuestiona un artículo del Presupuesto 2026 que eliminó el fondo específico previsto por la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional. (53 palabras)
La presentación fue encabezada por la diputada nacional Julia Strada, la legisladora Maru Bielli y Agustín Letcher, uno de los impulsores de la causa. Estudiantes de escuelas técnicas también se concentraron frente al juzgado para acompañar el reclamo.
El conflicto está centrado en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, que dejó sin efecto el artículo 52 de la Ley 26.058, sancionada en 2005. Esa normativa establecía un piso de financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes previstos para cada año fiscal.
Los recursos estaban destinados a distintos aspectos de la educación técnica, entre ellos:
equipamiento para talleres;
compra de insumos;
obras de infraestructura;
capacitación y formación docente.
Según los demandantes, el fondo debía recibir cerca de $320.000 millones, pero durante el período analizado se ejecutaron alrededor de $11.000 millones, equivalente al 3% de lo establecido por la ley.
La eliminación del fondo implica que esos recursos dejen de contar con una asignación específica y queden sujetos a las decisiones presupuestarias del Poder Ejecutivo. El reclamo alcanza a una modalidad educativa que, de acuerdo con los impulsores de la acción, reúne a cerca de 1,8 millones de estudiantes.
El expediente tramita ante la jueza Macarena Marra Giménez. La magistrada reconoció el carácter colectivo del planteo al considerar que existe "una afectación común y homogénea" sobre los estudiantes de la modalidad.
Ahora, el juzgado debe resolver una medida cautelar solicitada por los demandantes para suspender los efectos del artículo 30 mientras se analiza la constitucionalidad de la norma.
La convocatoria para presentar amicus curiae había comenzado meses atrás y sumó adhesiones de organismos de derechos humanos, sindicatos, cooperativas, centros de estudiantes, colegios profesionales e instituciones educativas de distintas provincias.
También participaron de la presentación representantes gremiales, el exsenador nacional y expresidente de YPF Pablo González, el director del CEPA Hernán Letcher y Gerardo Marchesini, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y uno de los siete demandantes.
Durante la actividad, Strada sostuvo que buscarán reincorporar el financiamiento específico para la educación técnica en la discusión del Presupuesto 2027.
