En Lomas de Zamora, 16 policías y un civil son juzgados acusados de extorsionar a feriantes de La Salada. También se les imputa el mismo delito en Almirante Brown y Esteban Echeverría.
Los acusan de formar una asociación ilícita para recaudar dinero de manera ilegal mediante amenazas a los puesteros.
En Lomas de Zamora, 16 policías y un civil son juzgados acusados de extorsionar a feriantes de La Salada. También se les imputa el mismo delito en Almirante Brown y Esteban Echeverría.
El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas. Los hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2018 y la mayoría de los agentes juzgados cumplía funciones en la Comisaría 10º de Ingeniero Budge y en la DDI de Lomas. La causa comenzó en julio de 2018 cuando un comerciante denunció que debía pagar $500 para poder montar su puesto en la feria.
Los policías están imputados por extorsionar a feriantes y "liberar" la zona del paseo de compras de La Salada para permitir los robos (en su mayoría, de piratas del asfalto). Además, se los acusa de cobrarles a los "trapitos" para dejarlos trabajar cuidando los autos. Mediante este accionar intimidatorio, recaudaban dinero de manera clandestina, según la imputación de la fiscalía.
Los 16 policías y el civil están acusados de "asociación ilícita en carácter de organizador, cohecho, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ocultamiento de pruebas y encubrimiento agravado, todos ellos en concurso real entre sí". En un juicio abreviado había sido condenado un oficial a dos años de prisión, mientras que otros dos civiles están prófugos.
Durante el juicio, testigos aseguraron que varios feriantes no se animaban a denunciar la situación por miedo a que después les robaran por orden de los mismos policías. En la última audiencia se presentaron escuchas telefónicas que comprometen a los imputados.
Además de los hechos denunciados en la feria La Salada, también se responsabiliza a los policías por extorsionar a dueños de corralones y talleres mecánicos en Claypole y en el partido de Esteban Echeverría.
De acuerdo a la acusación, "la organización estaba conformada como una empresa delictiva, que tenía un sistema de recaudación en el ámbito territorial del Departamento Judicial Lomas de Zamora".
