Con el avance de los decretos de Milei el agua deja de ser un derecho humano y se transfieren recursos de la empresa estatal. Agrupaciones ambientalistas y vecinos se expresaron.
"AySA tiene mucho por mejorar; sin embargo, la privatización que pretende imponer arbitrariamente este gobierno dejaría obsoleta cualquier posibilidad de mejora", expresaron desde el Foro Hídrico de Lomas de Zamora durante la jornada de movilización contra la medida impulsada por el presidente Javier Milei que avanza en el desplazamiento del Estado como garante del servicio de agua potable.
Desde diversos espacios comprometidos con el Derecho Humano al Agua, junto a decenas de vecinos, el sábado se movilizó por la Avenida Hipólito Yrigoyen hasta el frente de la sede de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) de Lomas de Zamora, altura Ramón Falcón.
Es que hace un mes, el Gobierno inició el proceso de privatización de AySA, la mayor empresa distribuidora de agua del país, con 3,8 millones de usuarios. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas es la encargada de "coordinar las acciones necesarias" para privatizar la empresa en un plazo de ocho meses.
Frente a esto, el Espacio Intercuencas (que nuclea al foro hídrico lomense, al de Lanús, y al Movimiento la Raíz Tigre/Delta) viene convocando a una gran campaña de visibilización y rechazo al DNU 493/2025 (que elimina el reconocimiento del agua como Derecho Humano y se reducen los estándares de control sobre la calidad del agua) y el DNU 494/2025 (que pone en venta el 90 % de las acciones de AySA: 51% en concesión a un operador privado y 39% en bolsa).
"El gobierno está apurado en privatizar, a pesar de que al día de hoy, después de los tarifazos, despidos y suspensión de las obras de expansión, la empresa tiene superávit. Denunciamos tarifazos, despidos y la suspensión de obras de expansión del servicio en barrios populares, como pasos preparatorios para un nuevo saqueo", acusan desde las agrupaciones organizadas.
"Las políticas neoliberales del Gobierno de LLA pretenden repetir el negociado de las privatizaciones de los '90. Las operadoras privadas se beneficiaron con tarifas dolarizadas, amnistías a incumplimientos de inversión y fugas de capitales, sin reinvertir en la cobertura del servicio para nuestra población", añadieron.
SOBRE LO CONQUISTADO
Desde que la gestión de AySA pasó a estar en manos del Estado nuevamente, tras la crisis y rebelión popular del 2001, se empezó a reconocer el agua como derecho humano y se hicieron obras para extender la red a 17 municipios del AMBA.
La cobertura de agua potable pasó del 76% en 2006 al 85 % en 2022, y la de cloacas del 57 % al 72,6 %.
"En esos años, fueron los movimientos socioambientales y territoriales quienes empujaron la expansión de obras y programas como 'Agua más Trabajo' y 'Agua más Cloacas', que resultaron claves para reducir enfermedades y generar empleo en los barrios populares", añadieron desde el espacio Intercuencas que además denunciaron los fuertes tarifazos que se vienen desarrollando, los despidos a trabajadores de la empresa estatal y los cierres de sedes de atención.
Además, marcaron el abandono de cientos de obras, la desfinanciación y rechazaron "la eventual participación directa e indirecta vía convenios de asesoramiento de la empresa estatal israelí Mekorot, co-responsable de Genocidio, por privar del suministro de agua a la población palestina en la franja de Gaza".
