El Gobierno privatiza AySA: ¿qué pasará con las obras?
fuerte medida. El Gobierno nacional inició el proceso a través de la venta del 90% del capital accionario en manos del Estado.
El Gobierno nacional inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA, a través de la venta del 90% del capital accionario en manos del Estado, según anunció este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni,
"El Gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA. Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa", comunicó el portavoz durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Adorni explicó que la privatización se hará a través de un esquema mixto, "que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores".
El 10% restante está en poder de los empleados de la empresa, quienes se quedarán con esas acciones. Este mecanismo responde al Programa de Propiedad Participada.
Adorni precisó que "desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por US$13.400 millones".
El vocero afirmó que "indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa", y subrayó los costos operativos.
En ese sentido indicó que "la dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio".
Según información oficial, el proceso de privatización será regulado por la Comisión Nacional de Valores y permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio.
Adorni dijo que en la última gestión de Gobierno "se gastaron en AySA más de US$4.800 millones".
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La historia de AySA es un reflejo de las fluctuaciones políticas y económicas que han marcado a Argentina en las últimas décadas.
Originalmente, el servicio de agua y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana estaba a cargo de Aguas Argentinas SA, una empresa privada controlada por el grupo francés Suez. Esta privatización, impulsada durante el gobierno de Carlos Menem en la década de 1990, generó controversias desde el principio, con críticas sobre la calidad del servicio, las tarifas elevadas y la falta de inversión en infraestructura.
En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato de concesión y crear AySA, nacionalizando el servicio. La nacionalización se justificó con la necesidad de garantizar el acceso al agua como un derecho humano y de realizar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura. Durante la gestión de Cambiemos, entre 2017 y 2018, se ampliaron los municipios bajo la órbita de AySA, incorporando áreas que previamente estaban bajo la concesión de Aguas Bonaerenses SA.
AySA ha logrado avances en la ampliación de la cobertura de agua potable y cloacas en el área de concesión. Entre 2006 y 2022, la cobertura de agua potable pasó del 76% al 85%, mientras que la cobertura de cloacas aumentó del 57% al 72,6%.
Sin embargo, la infraestructura de AySA requiere una inversión significativa para garantizar la calidad y la continuidad del servicio. La empresa enfrenta problemas como la obsolescencia de las tuberías, las pérdidas de agua por fugas y la falta de capacidad para atender la creciente demanda de agua en algunas zonas.
