Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", fue procesado en la causa que lo investiga por lavado de dinero, evasión fiscal, asociación ilícita y violación de la ley de marcas.
Jorge Castillo, empresario a cargo del paseo de compras de Ingeniero Budge, es investigado por lavado de dinero, evasión fiscal, asociación ilícita y violación de la ley de marcas.
Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", fue procesado en la causa que lo investiga por lavado de dinero, evasión fiscal, asociación ilícita y violación de la ley de marcas.
A fines de mayo, el empresario había sido detenido por estar involucrado en un entramado financiero con sociedades fantasma, testaferros y operaciones ilegales en la feria La Salada de Ingeniero Budge, en el marco de una estructura armada para la evasión fiscal, el lavado de activos y el blanqueo de capitales.
La investigación había requerido el cierre temporario del paseo de compras, que luego reabrió con varios cambios y controles. Ahora, un mes después de aquellos allanamientos, Castillo quedó formalmente procesado.
La Justicia Federal de Quilmes resolvió que el empresario continúe preso y que se le aplique un embargo de $750 millones. Además, también quedaron procesados sus socios, Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa, como coautores de esos delitos.
Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco habían solicitado que Castillo fuese llevado a juicio oral ante un tribunal federal, por haber evadido más de $19 millones en Ganancias y $10 millones en IVA, con intereses acumulados por encima de los $15 millones. Sus socios están en una situación similar.
Los investigadores sostienen que todo empezaba con la venta de ropa de marcas falsas en distintos locales, para luego colocar el dinero en el mercado a través de cuentas bancarias, empresas fantasmas, la compra de inmuebles y otros bienes.
LA SALADA REABRIÓ CON CAMBIOS
El juez federal Luis Armella puso como condición la regularización laboral de todos los trabajadores de "La Salada", la prohibición de venta de ropa falsificada y la implementación de un sistema de recaudación bancarizado que evite el uso de efectivo. Sólo se podrá pagar con transferencia o mediante billeteras virtuales.
También exigió el registro formal de cada puesto, la identificación de los responsables a cargo y la presentación mensual de un informe contable al Juzgado y a la fiscalía interviniente.
