Fuertes críticas al proyecto para bajar la edad de imputabilidad
Polémica. La iniciativa propone reducir la edad a los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal. Qué dicen Naciones Unidas y Unicef.
El Gobierno giró a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.
El oficialismo puntualiza que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que "los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones".
Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años, que es la edad establecida en el actual régimen penal.
El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona. Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia.
La abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Claudia Cesaroni, hizo referencia a la postura del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas: "El Comité encomia, es decir elogia, a los Estados partes como la Argentina que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, e insta a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención", advirtió.
Por su parte, Unicef recomienda que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años y señala que existe evidencia internacional que demuestra que bajar este umbral no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad.
