Crimen del empresario descuartizado: ordenaron detener a tres de los acusados
GIRO EN LA CAUSA. Luego del fallo judicial que revocó la excarcelación de tres de los imputados liberados en diciembre pasado, volverán a ser puestos tras las rejas hasta el juicio.
Luego del fallo del Tribunal de Casación bonaerense que revocó la excarcelación de tres de los acusados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, en las últimas horas, la Justicia ordenó que sean nuevamente detenidos en el marco de la investigación del caso del empresario descuartizado.
Tal como había anticipado La Unión días atrás sobre el giro en la causa, los imputados Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contreras y Fernando Gastón Martín Carrizo volverán a ser puestos tras las rejas hasta la llegada del juicio en el que serán juzgados por el asesinato de "Lechuga".
El magistrado dio marcha atrás a la decisión judicial de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora que había beneficiado a los sospechosos. Un recurso de queja presentado por el fiscal general adjunto, Sebastián Scalera, habría sido clave para rever el fallo.
Según trascendió, Carrizo y Contreras fueron detenidos por la DDI de Lomas en Hurlingham e Ingeniero Budge, respectivamente, mientras que la captura de Gil, quien tenía pensado entregarse a las autoridades, era inminente, luego de un allanamiento en el que no había sido encontrado en su domicilio.
Los tres están procesados por "homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego", y son considerados miembros de la presunta "empresa criminal" que colaboró para matar a la víctima.
Además de Carrizo, Contreras y Gil, quienes ya habían estado privados de su libertad por el crimen de Pérez Algaba, también serán juzgados Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, quienes eran socios del fallecido; y Flavia Bomrad, el excomisario de la Policía de la Ciudad Horacio Córdoba, y Blanca Cristaldo.
Los siete primeros serán juzgados por el homicidio triplemente agravado, mientras que Cristaldo deberá responder por el delito de encubrimiento agravado.
Para el fiscal Marcelo Domínguez, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de US$ 50 mil y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio pasado hasta el predio "Renacer" de General Rodríguez a encontrarse con él.
De acuerdo al procesamiento, "existía una empresa criminal previa" entre Pilepich, Vargas, Gil, Contreras, Córdoba y Carrizo, donde "cada uno formaba parte de un eslabón más en el plan urdido que tuvo por propósito ultimar Pérez Algaba para cesar con sus reclamos dinerarios, acreencias e intimidaciones".
