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La fortuna que deberá pagar Shakira para no ir a la cárcel 

romper el chanchito. La artista colombiana llegó a un acuerdo con la justicia española y desembolsará una suculenta cantidad de euros que le evitarán otros problemas. 

Shakira tiene problemas con la justicia española

Shakira tiene problemas con la justicia española.

Shakira llegó a un acuerdo con las autoridades españolas en el primer día del juicio por fraude fiscal en Barcelona, por el que deberá pagar una multa que le evitarán el riesgo de una sentencia de prisión. 

La colombiana le dijo al magistrado, José Manuel del Amo, que aceptaba el acuerdo alcanzado con los fiscales. Ella respondió que "sí" para confirmar su reconocimiento de seis cargos de no pagar al gobierno español 14,5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014.

Según el acuerdo, Shakira recibirá una sentencia suspendida de tres años y una multa de 7 millones de euros.

El juicio, en el que habrían participado más de 100 testigos durante las semanas siguientes, fue cancelado después de sólo ocho minutos.

En julio, los fiscales habían dicho que pedirían una pena de prisión de ocho años y dos meses y una multa de 24 millones de euros para la cantante.

El caso giraba en torno a dónde vivió Shakira, ahora de 46 años, durante ese período. La fiscalía de Barcelona alegó que la cantante colombiana pasó más de la mitad de ese periodo en España y por tanto debería haber pagado impuestos sobre sus ingresos mundiales en el país, a pesar de que su residencia oficial todavía estaba en las Bahamas, donde las tasas impositivas son mucho más bajas.

"Esta ha sido una decisión difícil que llevó tiempo tomar, una decisión difícil que está motivada por su deseo de centrarse en la crianza de sus hijos y su carrera profesional", dijo a los periodistas la abogada defensora, Miriam Company.

"Su equipo legal había preparado el juicio y estaban convencidos de que podíamos demostrar su inocencia, pero las circunstancias cambiaron y (Shakira) optó por aceptar el trato".

Shakira rechazó un trato que le ofrecieron los fiscales para resolver su caso en julio de 2022, diciendo, a través de su firma española de relaciones públicas Llorente y Cuenca, que "cree en su inocencia y elige dejar el asunto en manos de la ley". Los detalles de ese posible acuerdo no se hicieron públicos.

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