Piden acelerar el juicio por los crímenes en el Pozo de Banfield

Las querellas del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield insistieron en la necesidad de ampliar la cantidad de audiencias para darle celeridad al proceso y evitar que la impunidad biológica beneficie a los genocidas. 

"Solicitamos que para el año próximo se evalúe la posibilidad de fijar más audiencias por semana ya que han declarado 125 testigos desde que se inició el juicio y restarían unas 300 personas más que están citadas. Es muy importante darle una mayor celeridad porque hubo tanto víctimas como familiares que fallecieron durante los últimos años y se vieron privadas de obtener una sentencia definitiva", remarcaron desde la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, y agregaron: "También hay que tener en cuenta a los imputados cuyos decesos también ocurrieron durante este año como es el caso de Miguel Ángel Ferreiro".

Ferreiro, ex cabo de la Policía Bonaerense y uno de los represores del centro clandestino "El Infierno" de Lanús, falleció hace un par de meses en pleno desarrollo del debate. Si las audiencias se siguen haciendo solo una vez por semana, el juicio duraría tres años más.

Otra de las querellantes solicitó que "haya una modalidad mixta y semipresencial con los protocolos correspondientes para recuperar el formato de audiencias que se hacían antes de la pandemia" y remarcó que "el paso del tiempo beneficia a las personas que están imputadas, por eso es fundamental garantizar justicia para los compañeros y compañeras que la están esperando hace 45 años".

Ante los pedidos, el presidente del TOF Nº1 Ricardo Basílico respondió: "La idea del tribunal es poder aumentar la cantidad audiencias. Tenemos presente sus peticiones, debemos acomodar las agendas tanto de los integrantes del tribunal como de las partes debido a la cantidad de juicios de lesa humanidad que se encuentran abiertos y en pleno debate".

La última audiencia del año tuvo este martes la declaración de Ana María Caracoche, que fue secuestrada el 19 de abril de 1977 y estuvo detenida en el Pozo de Banfield donde compartió cautiverio con otras mujeres como Cristina Marroco, quien perdió su embarazo a causa de las torturas. "Los chicos eran botín de guerra de la dictadura, eso quedó claro desde el comienzo", señaló Ana María, que con la ayuda de Abuelas de Plaza de Mayo pudo localizar y recuperar a sus dos hijos apropiados.

También hubo testimonios de Eduardo, Ricardo y Gerardo D'Ambra en el marco del caso de su hermana Alicia, militante del PRT-ERP secuestrada el 13 de julio de 1976 en la Ciudad de Buenos Aires. Por testimonios se supo que estuvo detenida en el Pozo de Banfield y hay indicios de que estaba embarazada al momento de su secuestro. Tanto ella como su hijo/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el 2 de febrero. Juan Miguel Wolk, Miguel Etchecolatz, Jorge Bergés y Jaime Smart, son algunos de los represores imputados por delitos como privación ilegítima de la libertad; aplicación de tormentos; abuso sexual con acceso carnal; sustracción, retención y ocultamiento de menores; homicidio agravado: y homicidio.