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Piden ampliar la cantidad de audiencias semanales en el juicio del Pozo de Banfield

DECISIÓN. Lo requirió la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. Quiere que los jueces hagan tres encuentros en lugar de uno todas las semanas y acelerar así el debate.

 Bogliano es representante de la querella del Gobierno bonaerense

Bogliano es representante de la querella del Gobierno bonaerense

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata ampliar la cantidad de audiencias en el juicio que se juzga a 18 represores por los delitos de lesa humanidad cometidos en las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Lanús durante la última dictadura cívico-militar.

La solicitud la realizó este martes Verónica Bogliano, directora de querellas en crímenes de lesa humanidad de la Subsecretaría bonaerense. Puntualmente lo que la abogada requirió es que los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico ordenen tras audiencias por semana con el objetivo de llegar al veredicto final mucho tiempo antes de lo esperado.

El pedido fue realizado luego de las declaraciones de Laura Franchi y sus hijas Silvina Stirnemann, que nació durante la detención de su madre, y María Laura Stirnemann, quien compartió cautiverio con su mamá en el Pozo de Quilmes.

Es necesario tener un proceso judicial en tiempo para garantizar la reparación histórica de las víctimas, sus familiares, el movimiento de derechos humanos y la sociedad toda.

Las mujeres recordaron en sus declaraciones que no tuvieron justicia por la desaparición de su esposo y padre, Mario Alfredo Stirnemann, en el debate oral por el centro clandestino de detención tortura y exterminio conocido de Puente 12. 

Entre los argumentos, Bogliano planteó que es necesario evitar lo que ya ocurrió en el juicio de la Brigada de San Justo que concluyó en diciembre pasado, donde durante el proceso murieron sin la certidumbre de la sentencia alrededor de once víctimas, familiares y luchadores de derechos humanos, y en el que también fallecieron seis imputados.

"Es necesario tener un proceso judicial en tiempo para garantizar la reparación histórica de las víctimas, sus familiares, el movimiento de derechos humanos y la sociedad toda", resaltó. 

Con más de 470 testimonios previstos se estima que el debate podría extenderse, como mínimo, hasta finales de 2021. Debido a la incertidumbre que todavía persiste sobre el devenir de la pandemia del Coronavirus no se sabe si en algún momento el proceso tendrá una instancia presencial, pero eso dependerá de las medidas sanitarias que tome el Gobierno.

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