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Pedirán prisión preventiva para policía que dejó ciego de un ojo a un adolescente en un allanamiento

LOMAS DE ZAMORA. La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense le pedirá a la Cámara de Apelaciones que detenga al oficial David Antonio Daniel y pedirá que lo imputen por intento de homicidio.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires le solicitará a la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora que disponga la prisión preventiva del policía de la Bonaerense David Antonio Daniel, que durante un allanamiento en Villa Centenario le disparó una posta de goma en la cara a Ignacio Seijas y le hizo perder su ojo derecho.

A través de la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, la Subsecretaría presentará un oficio ante la Justicia en el que solicitará a los jueces de la causa que resuelvan favorablemente el recurso presentado por la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional de Lomas de Zamora. El pedido va en línea con lo que exige la familia.

El oficial hasta hace pocos días estuvo detenido por "homicidio agravado en grado de tentativa, lesiones leves, vejaciones y/o apremios ilegales". Pero la jueza de Garantías de Lomas de Zamora, Marisa Salvo, decidió cambiar su imputación y la carátula de la causa a "lesiones leves" y con ello ordenó la excarcelación de Daniel.

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El hecho ocurrió el sábado 20 de junio, alrededor de las 8, cuando Marina Candia dormía con su pareja, Nelson Cabrera, y su beba Ariadna, de dos años. En la misma casa, pero en un cuarto, atravesando un pequeño patio, estaba Ignacio Seijas, el hijo mayor de Marina.

Esa mañana un grupo de 10 agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en la casa. Tenían una orden de allanamiento, pero para otro departamento, en el que buscaban electrodomésticos que habían sido robados de una escuela del barrio. La investigación la había llevado adelante personal de la comisaría 7° de Villa Centenario.

Marina llegó a levantar a su hija en brazos y -según denunció- los policías le apuntaron mientras la sostenía. A Nelson lo tiraron al suelo y le pisaron la cabeza. Pero lo peor llegó después. Cuando Ignacio escuchó los gritos quiso entrar a la casa para ver qué pasaba.

Para hacerlo tenía que atravesar una puerta de chapa desde el patio, que no tiene cerradura ni picaporte, por lo que usó una especie de cuchillo tipo Tramontina. No llegó a dar un paso que se encontró con los oficiales y el subteniente Daniel le disparó con su escopeta. No dio la voz de alto y las postas de goma hirieron a "Nacho" directo en la cara.

Bañado en sangre, el joven de tan solo 17 años fue tirado al piso y pateado sin entender lo que sucedía: "Chorro de mierda", "Negro hijo de puta", fueron algunas de las agresiones que los agentes de la Bonaerense repitieron en el operativo, según la familia.

La Subsecretaría de Derechos Humanos tomó intervención en el caso luego de las denuncias que hizo públicamente la familia y de que se supiera que el allanamiento en esa casa de Rawson al 1802 de Centenario estuvo plagado de excesos e irregularidades.

El viernes pasado se le solicitó a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Lomas de Zamora que remita al Director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, un informe sobre el estado procesal de la investigación y las diligencias pendientes.

Particularmente se le solicitó la copia de la apelación fiscal y de la resolución del Juzgado de Garantías N° 5 que modificó la carátula a "lesiones graves" y denegó la prisión preventiva del policía.

Esa información fue remitida recientemente, por lo que en las próximas horas se realizará la presentación para que la causa vuelva a ser caratulada como un "homicidio en grado de tentativa", por las circunstancias en que ocurrieron los hechos, por la actuación del policía y su experiencia en el manejo de armas, así como debido a la distancia en la que se realizó el disparo (a menos de dos metros) y la gravedad de las lesiones ocasionadas.

La presentación se realizará en las próximas horas en la Sala de la cámara de apelaciones donde radicó la apelación la fiscalía, según pudo saber La Uni