Piden la extensión del decreto que congela los alquileres y suspende los desalojos
ANTE LA INCERTIDUMBRE. A 13 días de que venza la medida, los inquilinos de Lomas de Zamora exigen que haya una nueva prórroga. El Gobierno todavía no anunció qué decisión tomará.
La Asociación de Inquilinos de Lomas de Zamora, junto a otras agrupaciones de todo el país, le pide al Gobierno nacional la prórroga del decreto 320/2020 que mantiene congelados el precio de los alquileres y suspende los desalojos por falta de pago hasta el 31 de enero próximo.
Desde la organización resaltaron que si la medida no llega a extenderse, como ya sucedió el 30 de septiembre pasado, la "preocupante" situación que viven millones de familias "podría profundizarse" producto del impacto que tuvo la pandemia del Coronavirus a lo largo del último año.
Natalia Casella, referente de Inquilinos Lomas, ilustró las consecuencias que produjo la cuarentena en el sector. "Existen 1,5 millones de hogares con deudas (de $150 mil promedio) por la pérdida de trabajo y la disminución de ingresos, y un 70% de ellos acumulan deudas de servicios".
Ante este escenario, se preguntó: "¿Cómo puede hacer una familia para empezar a cubrir las deudas que se le han generado durante todo estos meses? ¿Cómo van a evitar (desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat) que se venga una avalancha de desalojos?".
Desde las agrupaciones de inquilinos sostienen que es necesario que el Estado impulsen políticas públicas que garanticen el derecho "a la vivienda digna" y "a un alquiler justo". Para eso, según comentó Casella están pidiendo una reunión con el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi.
"Es urgente la necesidad de avanzar en la elaboración y ejecución de políticas públicas que comiencen a dar respuesta a los problemas de fondo de los inquilinos, producto de años de indefensión frente a la lógica especulativa del mercado, y agravados por esta pandemia", señalaron las asociaciones en su conjunto a través de un comunicado.
En Lomas también los inquilinos pretenden que se genere una mesa de diálogo. "Sería importante que todos los actores estén presentes, hasta las asociaciones de inquilinos, inmobiliarias, organismos para discutir los temas que nos preocupan a todos desde hace tiempo. Sería un buen punto de partida", aseguró.
Entre las cuestiones que buscan debatir desde las asociaciones está la limitación del valor de los alquileres, la reglamentación de un programa de alquiler social, la creación de una tarifa de servicios públicos para inquilinos y la conformación de organismos de aplicación y control.
Este último punto para Casella es clave: "Hay un montón de inmobiliarias y propietarios que a pesar de que existe un decreto que congela el valor de los alquileres, prorroga los contratos automáticamente y suspende los desalojos, no cumplen. Ahí debería haber una autoridad de aplicación para que no haya abusos y la ley funcione".
