Crimen de "Lechuga": un inminente fallo definirá el futuro de la primera detenida
EXPECTATIVA. La fiscalía deberá definir la situación procesal de la primera persona que estuvo tras las rejas por el asesinato del empresario descuartizado Pérez Algaba.
Alma Nicol Chamorro estuvo más de 20 días detenida en el penal de Melchor Romero de La Plata por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario encontrado descuartizado en Ingeniero Budge, hasta que fue liberada el 18 de agosto pasado, al quedar desligada del hecho, por caerse la hipótesis de que fue la última persona que tuvo en su poder la valija donde encontraron los restos de la víctima.
En diálogo con La Unión, su abogado, Marcelo Ponce, indicó que es inminente que se venza el periodo establecido que tiene el fiscal Marcelo Domínguez para definir el futuro procesal de Chamorro, que podría seguir imputada o desligada definitivamente de la investigación, dependiendo de la postura que tome el representante del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos.
El letrado defensor ya anticipó que pedirá el sobreseimiento de su cliente, en caso de que desde fiscalía se solicite su imputación y que continúe implicada procesalmente mientras se desarrollan las tareas investigativas para esclarecer el asesinato de "Lechuga".
"Ella actualmente no está imputada, y estamos en los tiempos justos para saber si el fiscal la va a querer imputar o no, nosotros mientras tanto estamos pidiendo su sobreseimiento", estimó.
Uno de los principales argumentos para mantener tras las rejas a Chamorro, era que se le atribuyó ser la última persona que tuvo en su poder la valija en la que apareció parte del cuerpo de Pérez Algaba. Sin embargo, uno de los detenidos, Luis Contreras, el hermano de la sospechosa que la había acusado de haber robado esa maleta, confesó que ayudó a descartar el cuerpo.
La sospechosa había sido apresada en su vivienda de la calle Murature al 3000, de Villa Caraza, Lanús, y pasó a ser la primera detenida que tuvo la causa.
Para el fiscal Domínguez, el móvil del crimen fue una deuda por US$50.000 y por 17 terrenos que Maximiliano Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio de General Rodríguez a encontrarse con él.
