Crearon una defensoría para evitar abusos y distorsiones que perjudiquen a pequeñas y medianas empresas
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Todas las Pymes, así como las diversas cámaras y asociaciones que las nuclean, podrán realizar denuncias en la Defensoría en caso de que pudiesen verse afectadas por actividades contrarias a las “buenas prácticas comerciales”.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas creó un régimen de información denominado Defensoría de las Buenas Prácticas Comerciales para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de “detectar y evitar abusos y distorsiones en la cadena de producción, distribución y comercialización, que impidan el normal funcionamiento del mercado de bienes y servicios”, y perjudique a ese segmento.
Todas las Pymes, así como las diversas cámaras y asociaciones que las nuclean, podrán realizar denuncias en la Defensoría en caso de que pudiesen verse afectadas por actividades contrarias a las “buenas prácticas comerciales”, señala la resolución 369 de la Secretaría de Comercio.
La medida, que firma el secretario Augusto Costa y se publica hoy en el Boletín Oficial, aclara que se entiende por “buenas prácticas” las conductas que no impliquen violación o contravención a lo establecido en las leyes de Abastecimiento y de Defensa de la Competencia.
La información recabada permitirá identificar y definir acciones concretas -en el ámbito de la cooperación mutua entre el sector público y privado- para “neutralizar los efectos distorsivos generados por las grandes empresas, en resguardo de los intereses de Pymes”.
La información recabada permitirá identificar y definir acciones concretas para “neutralizar los efectos distorsivos generados por las grandes empresas, en resguardo de los intereses de Pymes” La Defensoría -cuya creación fue adelantada días atrás por el ministro Axel Kicillof- funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Comercio Interior, que podrá disponer medidas de prueba o constatación tendientes a acreditar la veracidad y entidad de las denuncias ingresadas.
A su vez, la Secretaría podrá remitir esas denuncias al Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, organismo técnico creado por la ley 26.992, en septiembre del año pasado.
En caso de que se detecten actos o conductas que generen distorsiones en el mercado y en los procesos de formación de precios, el Observatorio emitirá un dictamen, con carácter previo al ejercicio de las potestades previstas en el marco de las leyes vigentes.
La Secretaría, en el marco de las leyes de Lealtad Comercial, de Abastecimiento, de Defensa del Consumidor, de Defensa de la Competencia y de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, analizará las diversas acciones a realizar, tendientes a resolver la problemática denunciada.
La resolución explica que las micro, pequeñas y medianas empresas, dadas las asimetrías existentes, “sufren frecuentemente perjuicios económicos como resultado de sus relaciones con las grandes empresas”.
En ese sentido, se busca otorgar al Estado nacional “una mayor capacidad para la planificación de políticas, que tienda a evitar situaciones que lleven a la confusión del consumidor y usuario sobre la oferta de productos, sus denominaciones e información, así como las condiciones de comercialización”.
La Defensoría procurará asimismo “corregir conductas que desalienten la competitividad genuina de las cadenas de valor”, que afecten a sus eslabones más débiles y dificulten el acceso pleno y efectivo a los bienes de consumo por parte de la poblaci
