La Justicia sobreseyó a la Decana de la Facultad de Derecho de la UBA
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LA JUSTICIA FEDERAL SOBRESEYÓ A LA DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, MÓNICA PINTO, DENUNCIADA EL AÑO PASADO POR LA PROCELAC POR PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

Al fundamentar la decisión, la Justicia señaló que, a partir de la pesquisa, quedó demostrado que se trataba de una presunción falsa motivada por “intereses personales” en el marco de una contienda electoral para elegir autoridades de esa casa de estudios y con el objetivo de “judicializar” su política interna, según señala el fallo, al que accedió Télam.
“La Facultad destinó los fondos provenientes de las ganancias generadas por la ejecución de convenios principalmente para la atención de gastos operativos relacionados con el funcionamiento de la citada unidad académica”, señaló en su resolución el juez federal Luis Rodríguez.
Se trata de un fallo fechado el 5 de mayo pasado, justo un año después de la denuncia presentada por el fiscal general Carlos Gonella, al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en base a una denuncia realizada por la abogada María Florencia Sarso.
“La denuncia resulta ser una demostración más que clara de la exteriorización de la política interna de la Facultad de Derecho, un intento por judicializar un conflicto en el marco del cual los magistrados somos ajenos y tampoco contamos con potestades legales para intervenir fruto de la plena vigencia de los principios de autarquía y autogobierno universitario”, dice la resolución que lleva la firma del juez Rodríguez.
Además, indica que “la posibilidad de oír a la denunciante” permitió conocer que sus dichos están “orientados por intenciones personales y alejados del noble objetivo que persigue quien concurre ante las autoridades judiciales a promover el accionar investigativo”.
La denuncia también alcanzó a otras autoridades de la Facultad de Derecho, como Alberto Jesús Bueres, Carlos Amelio Bedini, Oscar Mario Zoppi, Lucas Germán Bettendorf , que también fueron sobreseídos.
La Procelac había denunciado a las autoridades de la Facultad por presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la denuncia, la Procelac señalaba la posible utilización de fondos derivados de Convenios de Asistencia Técnica y Capacitación para el financiamiento de actividades partidarias del radicalismo universitario y enriquecimiento personal.
Finalmente, entendió el juez Rodríguez, quedó demostrado que se usaron para el propio funcionamiento de la casa de estud