El proyecto de Régimen Penal Juvenil del gobierno de Javier Milei logró media sanción. La oposición, durante el debate, lanzó fuertes críticas.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de la baja de la edad de imputabilidad.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa fue respaldado por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Civica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.
Fue el primer test para la cámara baja un día después de la media sanción de la reforma laboral que consiguió el Senado. Así, en las sesiones extraordinarias convocadas por el gobierno de Javier Milei, el oficialismo se anota dos triunfos.
Durante el día, la oposición mostró sus críticas. La diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que con el nuevo Régimen Penal Juvenil los menores irán a “lugares espantosos” y que “ninguno de esos pibes va a salir mejor de cómo entró”.
“Las tasas de reincidencia en todos los países muestran que los pibes colocados en situación de privación de la libertad son altísimas porque en lugar de tener una política para la reinserción, el encierro es una política para recrudecer las situaciones”, analizó la diputada del Partido Obrero.
Y sumó: “No solamente están votando no solo una medida para aumentar la persecución a nuestros pibes, sino que están votando que justamente se destinen los recursos a instituciones de encierro y se sigan sacando de todos los ámbitos donde hay que proteger a las niñeces en un contexto de pobreza y ajuste brutal”.
En esa misma línea, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que el nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsa el oficialismo y sus aliados busca “darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios”.
“No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora”, advirtió.
Otra vos contundente contra el proyecto fue la del diputado nacional del bloque peronista Juan Grabois. “La baja la pueden hacer a los cero años, si quieren, porque es una falsa dicotomía. El problema es cómo abordar la criminalidad de niños, niñas y adolescentes y el abordaje tiene que ser en la situación previa, que involucra la salud mental y el consumo. Cuando vos tenés un pibe perdido por el paco, el Estado tiene que poder tener las herramientas para que vaya a un centro de internación y eso no existe. Y ellos (el oficialismo y los bloques alineados) lo dicen. Pero no pusieron la Ley de salud mental en extraordinarias, porque no les interesa, son unos mentirosos y engañan a la gente”, indicó.
El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.
Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
