El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX compró el 90% de AySA. La organización de Lomas advirtió sobre el impacto en las tarifas y las obras de agua y cloacas.
El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX se quedó con el 90% de las acciones estatales de AySA.
El Foro Hídrico de Lomas de Zamora expresó su rechazo a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que el Gobierno nacional avanzara con el proceso de venta del 90% de las acciones de la empresa por una oferta de US$340,2 millones.
El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua presentó la oferta económica más elevada por el paquete accionario, por encima de los US$285 millones ofrecidos por el grupo Roggio. Desde la organización cuestionaron el valor de la operación y advirtieron sobre las consecuencias que podría tener el nuevo esquema para los usuarios y la expansión de las redes de agua potable y cloacas.
"Para quienes desde Lomas de Zamora venimos luchando desde hace décadas por el acceso al agua potable, las cloacas, las obras hídricas y la protección de nuestros cursos de agua, esto no constituye una operación empresarial más", expresaron.
A través de un comunicado difundido en diez imágenes en Facebook el Foro Hídrico planteó que la privatización abre interrogantes sobre quién controlará un servicio esencial, cómo se financiarán las obras de infraestructura y qué parte de los costos recaerá sobre los usuario.
"Lo que está en discusión es quién controla un servicio público esencial, cómo se financiarán las obras necesarias, cuánto pagarán los usuarios, qué niveles de cobertura se alcanzarán y qué garantías existirán para que la prestación esté subordinada al interés público y no a la rentabilidad de una empresa privada", detallaron.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el esquema tarifario previsto para los primeros años de la concesión, entre 2027 y 2031. La organización advirtió que la ausencia de un aumento real de fondo no implica necesariamente un congelamiento de las facturas, debido a los mecanismos de actualización contemplados en el régimen. "La cuestión de fondo es qué parte del costo de las obras, del mantenimiento, de la expansión de las redes y de la rentabilidad del concesionario terminará siendo soportada por los usuarios a través de las tarifas", detallaron.
La primera placa titulada las tarifas: el usuario como fuente principal de ingresos concluyó: "Esto significa que debemos discutir con claridad qué modelo de servicio se está construyendo: si el objetivo es garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento o garantizar, en primer término, el equilibrio económico y la rentabilidad de la concesión".
También puso el foco en los compromisos de inversión anunciados para el servicio, que contempla alrededor de US$2.000 millones durante los primeros cinco años y más de US$15.000 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
En ese contexto, el Foro cuestionó que parte de las obras puede financiarse con recursos públicos mientras la operación del servicio queda en manos privadas. "Si el Estado, las provincias y los municipios deben seguir aportando recursos para ampliar la infraestructura, ¿qué se está privatizando exactamente y quién termina financiando la expansión del servicio?", planteo la organización en el comunicado.
Para el Foro, la ampliación de las redes debe responder a las necesidades de la población y no quedar condicionada exclusivamente por la rentabilidad de la concesionaria. "La falta de redes cloacales, el deterioro de la infraestructura, la contaminación de los cursos de agua y la ausencia de obras tienen consecuencias sanitarias y ambientales concretas. Y esas consecuencias recaen especialmente sobre los sectores más vulnerables y sobre las niñeces", subrayaron. En esa línea, reclamaron tarifas accesibles y previsibles, mecanismos de protección para los usuarios y garantías para que ninguna familia quede excluida del servicio por motivos económicos.
Patricia Rodríguez, vecina de Temperley y autora del libro "Foro Hídrico. Historia de las luchas por el agua y el saneamiento en el Conurbano Sur", publicado en 2018, cuestionó la privatización de AySA y la vinculó con la historia de las luchas vecinales por el acceso a los servicios básicos: "La privatización de AySA es una apropiación por parte de un grupo de empresarios de un bien común que le pertenece a todos, teniendo en cuenta que el agua no es una mercancía, es un derecho humano fundamental, que debe estar garantizado".
Además, advirtió sobre las posibles consecuencias para los usuarios: “Sin agua no hay vida y no puede ser un negocio para empresarios que solo buscan ganancias personales. El resultado de la privatización significaría tarifas impagables, servicios recortados, familias obligadas a comprar bidones o filtros caros por la falta de control en la calidad del agua”.
Rodríguez también recordó que el acceso al agua y las cloacas en Lomas fue resultado de décadas de organización vecinal. En ese sentido, cuestionó las experiencias anteriores de gestión privada: “La experiencia demuestra que la anterior privatización del agua trajo desmejora en el servicio, ausencia de obras de mantenimiento, desinversión y saqueo de nuestros bienes”.
Otro de los puntos cuestionados es el procedimiento utilizado para determinar el valor de la empresa, en el comunicado, el Foro reclamó que se publiquen los criterios, antecedentes, metodología e informes técnicos que se utilizaron para establecer el precio de la operación.
"Esto adquiere particular relevancia cuando el Ministerio de Economía esperaba obtener alrededor de US$500 millones, mientras que la oferta finalmente presentada por el 90% de las acciones fue de US$340,2 millones. Por eso exigimos que se conozcan públicamente los criterios, antecedentes, metodología e informes utilizados para determinar el valor de AySA", subrayaron.
La organización anticipó que continuará reclamando por el carácter público del agua y el saneamiento y cuestionando el proceso de privatización de AySA. "El agua y el saneamiento no son una mercancía más .El agua es un derecho. El saneamiento es un derecho. AySA se defiende", concluyeron.
