El nuevo régimen penal juvenil entra en vigencia este sábado y establece nuevas penas para adolescentes desde los 14 años.
Empieza a regir la baja de la edad de imputabilidad: qué consecuencias tendrá en los menores.
La baja de la edad de imputabilidad ya es un hecho. Desde este sábado, el nuevo régimen penal juvenil permitirá juzgar a adolescentes desde los 14 años por delitos alcanzados por la normativa. La Ley 27.801 reemplaza los lineamientos de la Ley 22.278 y contempla nuevas penas, medidas de resocialización y condiciones específicas para el cumplimiento de las sanciones.
La nueva legislación fue aprobada por el Congreso en febrero y modifica el esquema que regía desde la década del 80. El objetivo declarado es promover la responsabilidad por los actos cometidos y favorecer la educación, resocialización e integración social de los adolescentes.
Entre los principales cambios aparece la edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado: pasa de los 16 a los 14 años. Para los delitos contemplados por la normativa, las penas podrán alcanzar los 15 años.
Además, los padres o responsables legales tendrán responsabilidad civil por los ilícitos cometidos por sus hijos. En materia de alojamiento, los adolescentes detenidos deberán permanecer en dependencias especialmente acondicionadas para menores y no podrán compartir espacios con adultos.
La Ley 27.801 establece distintas alternativas, que podrán incluir:
Amonestaciones.
Prohibición de acercarse o mantener contacto con la víctima, familiares u otras personas.
Prohibición de conducir vehículos.
Restricción para concurrir a establecimientos o espectáculos deportivos, musicales o culturales.
Prohibición de salir del país o del lugar de residencia.
Prestación de servicios comunitarios.
Monitoreo electrónico mediante rastreador.
Reparación integral del daño causado a la víctima.
Penas privativas de libertad en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención.
El régimen también garantiza el acceso a programas educativos para completar los estudios obligatorios, además de propuestas de formación ciudadana, capacitación laboral y actividades deportivas orientadas a la inserción social.
En cuanto a la protección de la identidad, se mantiene la prohibición de difundir nombres, apodos, filiación, parentesco, domicilio o residencia de los adolescentes imputados, así como fotografías u otros datos que permitan identificarlos.
La normativa busca establecer un esquema específico para adolescentes en conflicto con la ley penal, con sanciones que combinan restricciones, reparación y privación de la libertad según las características de cada caso.
