jueves 12 de febrero de 2026
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Dabaten la baja de la edad de imputabilidad en Diputados: cómo es el proyecto

El Gobierno impulsa una reforma penal juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años.

El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia. El despacho reunió 81 firmas con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, lo que le permite encarar el debate con una base de apoyos consolidada, aunque no exenta de tensiones en el recinto.

El proyecto que se debate en Diputados

  • El proyecto del Régimen Penal Juvenil establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima podrá alcanzar los 15 años de prisión, aunque el texto subraya que la privación de la libertad deberá aplicarse como último recurso y por el menor tiempo posible.

  • Para delitos con penas menores, la iniciativa contempla medidas alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño o restricciones para concurrir a determinados lugares. También habilita la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.

  • El articulado fija que la sustitución de la prisión podrá aplicarse en delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen fiscal favorable y audiencia a la víctima. Además, impulsa la creación de institutos especializados con personal capacitado en infancia y adolescencia, prohíbe la convivencia con detenidos mayores e incorpora programas educativos, capacitación laboral y asistencia psicológica.

  • Uno de los puntos que facilitó los acuerdos fue la incorporación de una asignación presupuestaria específica de $23.739 millones para la implementación del nuevo régimen, con partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. Con este esquema, el Gobierno busca mostrar que la reforma no solo endurece las penas, sino que también prevé recursos para su aplicación efectiva.
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