La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que obtuvo anoche media sanción en el Senado, se encamina a su aprobación y todo dependerá de la Camara de Diputados, pero también de la presión social.
Con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) a último momento se estableció un cambio sustancial. De qué se trata.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que obtuvo anoche media sanción en el Senado, se encamina a su aprobación y todo dependerá de la Camara de Diputados, pero también de la presión social.
Lo cierto es que el proyecto busca otorgarles un beneficio extra a las empresas al darles una reducción total de las cargas patronales, ya que, pese a que destina parte de ellas al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), por otro lado reduce aún más su alícuota.
Uno de los puntos clave de la reforma es la creación del FAL, destinados a contribuir al pago de indemnizaciones por despido. Se trata de un mecanismo que obligará a las empresas a financiar mensualmente un fondo propio para cubrir indemnizaciones. El proyecto plantea un cambio profundo en la forma en que se administran los pagos por despido, sin eliminar el régimen vigente pero modificando su funcionamiento práctico.
Específicamente, la creación del FAL se establece en el artículo 58 del proyecto. Según determina, estará destinado exclusivamente a cubrir las obligaciones patronales vinculadas a despidos, preavisos, integraciones y otras compensaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y estatutos profesionales. El régimen debería entrar en vigencia el 1° de junio de 2026, aunque la fecha podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo por hasta 6 meses.
El proyecto original, que había obtenido dictamen en diciembre, introducía un esquema obligatorio de financiamiento paralelo en el que los empleadores debían aportar un 3% de las remuneraciones de cada trabajador -la misma base utilizada para contribuciones patronales al SIPA- para conformar una cuenta acumulativa.
La modificación de último momento en la FAL, reduce sus alícuotas al 1% para grandes empresas y al 2,5% para pymes lleva a que, en verdad, las empresas salgan ganando.
Esto se debe a que, en paralelo, el proyecto establece una reducción de las cargas patronales de un 3% sobre el total, es decir, superior a lo que deben contribuir tanto las grandes empresas como las pymes para constituir el FAL.
En concreto, el texto que obtuvo media sanción, en su artículo 163, establece una alícuota de contribuciones patronales del 17,4% para empleadores del sector privado pertenecientes a los rubros de servicios o comercio, y una alícuota del 15% para todos los demás empleadores.