Pidieron medidas de reparación para las víctimas del Pozo de Banfield
AVANZA EL JUICIO. Los representantes del Ministerio Público Fiscal hicieron hincapié en las graves consecuencias laborales y jubilatorias que tuvieron los sobrevivientes.
La Unidad Fiscal Federal de La Plata solicitó medidas de reparación para las víctimas de los delitos de Lesa Humanidad cometidos en el Pozo de Banfield y también para sus familiares.
Los auxiliares fiscales Gonzalo Miranda y Ana Oberlin expusieron la última parte de su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata y pidieron la pena de prisión perpetua para los 12 imputados en el Juicio Brigadas. Además de detallar las graves acusaciones, hicieron un pedido especial de reparación por aquellos tormentos sufridos por 605 víctimas.
Para la fiscalía, quedó demostrado "el daño en las personas que han padecido directamente los hechos y también en sus familiares, que han tenido que coexistir con este drama, con ese vacío dejado por la desaparición, sufriendo los efectos de esos mismos delitos, determinados a una vida de permanente búsqueda de sus seres queridos, a una reformulación de un proyecto de vida que quedó interrumpido en ese período".
La fiscal Oberlin explicó que "las violaciones de derechos humanos, en el caso de personas que sobreviven, implican una pérdida o un grave menoscabo de las oportunidades que van a tener estas personas en su desarrollo personal", debido a que son "obturadas sus carreras laborales, profesionales y esto tiene consecuencias graves en términos previsionales".
En ese sentido, se citaron dos casos similares al de este juicio en los que se había logrado "que se otorgue una jubilación a trabajadores afectados por este plan de desaparición forzada y que se abarquen las categorías que les hubieran correspondido en caso de desempeñar normalmente su vida laboral si no hubieran pasado esto del secuestro y los delitos que surgieron".
Por este motivo, solicitaron una reparación similar para las víctimas del Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el Infierno de Lanús y el Pozo de Quilmes. En primer lugar, pidieron al Tribunal que "se declare el daño al proyecto de vida de las personas victimizadas" y que se "inste al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno Nacional y/o a los organismos, entes o autoridades pertinentes, para que materialice las medidas de reparación respectivas".
Las medidas exigidas fueron "la reincorporación (a los lugares de trabajo), con los ascensos que correspondan desde el último cargo registrado al momento de la desaparición forzada" como también "los beneficios jubilatorios que puedan implementarse y activarse en las distintas instancias".
Por otro lado, se solicitó que se dé amplia difusión a la sentencia del juicio, principalmente en los distritos de Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes y La Matanza, donde se ubican los cuatro centros clandestinos de detención involucrados en este proceso.
