El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra Pablo Nocetti, el exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, por supuestos "abuso de autoridad y violación de deberes" como funcionario público durante el operativo de Gendarmería que en 2017 derivó en la muerte de Santiago Maldonado.
A tres años del hecho, la denuncia es por los delitos de "perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes" y quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.
La acusación se extiende, además, al exdirector de Gendarmería Gerardo Otero y al exsubdirector nacional de la fuerza comandante general Ernesto Oscar Robino, por ser "autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos".
Según la denuncia, Noceti, Otero y Robino ordenaron a la Gendarmería Nacional el despeje de la ruta cuando no se daban las condiciones para llevarlo a cabo, pasaron por encima de la justicia y encubrieron a los 30 agentes y a sus jefes involucrados en la represión.
Según precisó la cartera a cargo de Sabina Frederic, la presentación contra los exfuncionarios se basa en un informe interno que analiza detalladamente "las diferentes responsabilidades en la represión desatada sobre la Ruta Nacional N°40 y constituye el punto de llegada de un trabajo de 7 meses de investigación que hizo la Gendarmería Nacional acerca de lo ocurrido aquel 1° de agosto de 2017".
En ese documento se aludió a "un conjunto de responsabilidades dentro de la Gendarmería Nacional que alcanza al comandante mayor Diego Conrado Héctor Balardi -jefe del operativo de despeje de la ruta nacional N°40-, quien se retiró de la zona dejando la responsabilidad del operativo en oficiales jefes de menor jerarquía, demostrando falta de mando, compromiso y de responsabilidad con la misión encomendada".
Con dicha investigación se busca la "verdad", según precisó el ministerio de Seguridad y "no sólo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente".
La ministra Frederic presentó el informe en videoconferencia, junto al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Cr