El paro docente problematiza la pérdida del poder adquisitivo (sueldos mínimos de $500 mil) y una eventual reforma previsional y educativa.
La vuelta a clases se dio con un contundente paro docente contra Javier Milei.
Este lunes se reiniciaron las clases en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires después del receso de invierno con una contundente medida de fuerza contra el gobierno nacional de Javier Milei. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó al paro docente para exigir mejores condiciones de trabajo.
El acatamiento se sintió fuerte en el territorio bonaerense y en menor medida en la Ciudad de Buenos Aires. Los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense habían ratificado la adhesión a la medida y anticipado que el reinicio del ciclo lectivo se vería afectado en numerosos establecimientos de la Provincia.
Frente a esto, el Ministerio de Capital Humano anunció inspecciones muestrales para verificar el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo: se basa en la Ley 27.802, que establece a la educación como servicio esencial. No obstante, la Ciudad y la Provincia aclararon que no colaborarían con esos controles al entenderlos como una acción concreta contra el derecho a protesta de los trabajadores.
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense envió una circular que señala: “El artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente”.
La huelga formó parte de un plan de lucha por la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). También rechazaron una eventual reforma previsional y el proyecto conocido como “Ley de Libertad Educativa”.
La consigna del paro fue “Basta de ajuste a la educación”. Desde la conducción sindical, remarcaron que el objetivo es visibilizar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, con el sueldo mínimo estancado en $500 mil.
