Piden juzgar por evasión de impuestos a Jorge Castillo, "el Rey de La Salada"
JUICIO. Castillo y sus socios están acusados de los presuntos hechos cometidos cuando estaban a cargo de la explotación comercial del complejo ubicado en Ingeniero Budge.
La Justicia de Lomas de Zamora solicitó la elevación a juicio de la causa contra Jorge Omar Castillo, conocido popularmente como "el Rey de La Salada", y a dos de sus socios, por evasión tributaria.
El pedido fue presentado por la titular de la Fiscalía Federal 2 de Lomas, Cecilia Incardona, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, por los presuntos delitos, que habrían sido cometidos en el marco de la explotación del complejo comercial "Feria La Salada", desde 2013 y hasta fines de mayo de 2017.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación informó que además de Castillo, están acusados Antonio Corrillo Torrez y a Aldo Enrique Presa como coautores de evasión tributaria agravada por haber evadido el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al que se encontraba obligada la firma Punta Mogote S.C.A.
Entre otras actividades, la entidad a cargo de la explotación comercial del "Complejo La Salada" de la que eran socios, se dedicaba al alquiler de los locales dentro del predio ubicado en Ingeniero Budge.
El requerimiento para que sean juzgados, indica que estos hechos habrían sido cometidos mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas (originales y rectificativas), en las cuales, "principalmente, se omitió la exteriorización de ingresos gravados y se contabilizó facturación apócrifa".
Según la investigación, la deuda que se les atribuye es de $126.684.567 desde enero de 2013 hasta mayo de 2017, inclusive; y los intereses, calculados por la Administración Federal de Ingresos Públicos al 26 de octubre de 2018, por ambos impuestos superan los 228 millones de pesos.
Además, se informó que el delito de evasión simple, que pesa sobre Castillo, prevé una pena de dos a seis años de prisión.
La causa se inició el 17 de marzo de 2015 a raíz de la presentación de la AFIP contra los responsables de la denominada "Feria La Salada". Entre otras cuestiones, se consideró que los presuntos socios y puesteros del complejo resultaban ser empleados de los verdaderos responsables de la feria y beneficiarios finales.
