"El Rey de La Salada" tendrá prisión domiciliaria con tobillera electrónica
SALE DE LA CÁRCEL. Estaba detenido desde mayo, procesado por asociación ilícita y lavado de activos. Por su delicado estado de salud, seguirá con el arresto en su casa.
Jorge Castillo, conocido como "El Rey de La Salada", recibió el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, en el marco de la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de activos.
La decisión fue confirmada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que decidió revocar la resolución previa del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, el cual había rechazado el arresto domiciliario.
Gastón Marano, abogado defensor de Castillo, presentó una apelación en la que pedía considerar el delicado estado de salud de su cliente, quien estaba detenido desde el mes de mayo. Según el informe médico presentado en el expediente, Castillo necesita realizarse controles oncológicos urgentes y precisa un seguimiento médico especializado continuo.
Además, el letrado señaló que no existía ningún riesgo procesal que justificara mantener a Castillo preso en una cárcel, ya que siempre se mantuvo dispuesto a colaborar. Tampoco mantenía vínculos con los actuales administradores de la feria Punta Mogote.
Fue así como la Cámara Federal de La Plata resolvió "revocar la resolución apelada y conceder a Jorge Omar Castillo el arresto domiciliario –con colocación de dispositivo electrónico–". Los jueces remarcaron que la decisión es "por razones humanitarias", ya que mantenerlo preso podría agravar su estado de salud.
LA DETENCIÓN DEL REY DE LA SALADA
A fines de mayo, el empresario había sido detenido por estar involucrado en un entramado financiero con sociedades fantasma, testaferros y operaciones ilegales en la feria La Salada de Ingeniero Budge, en el marco de una estructura armada para la evasión fiscal, el lavado de activos y el blanqueo de capitales.
La investigación había requerido el cierre temporario del paseo de compras, que luego reabrió con varios cambios y controles, como la prohibición de comprar en efectivo.
Un mes después de aquellos allanamientos, Castillo quedó formalmente procesado por lavado de dinero, evasión fiscal, asociación ilícita y violación de la ley de marcas. Además, se le aplicó un embargo de $750 millones.
