Embargo millonario a los imputados por el crimen del empresario descuartizado
MEDIDA CAUTELAR. La familia demandó por daños y perjuicios a los acusados, que deberán afrontar la inhibición general de sus bienes hasta cubrir la millonaria suma.
En medio de la feria judicial, y mientras se espera saber en qué jurisdicción serán juzgados al momento del juicio, los imputados por el crimen del empresario descuartizado Fernando Pérez Algaba fueron embargados por mil millones de pesos.
Fuentes cercanas a la causa indicaron a La Unión que se confirmó el oficio del embargo millonario para los acusados de asesinar a "Lechuga", como era conocido la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en un arroyo de Ingeniero Budge.
Se trata de Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Horacio Mariano Córdoba, Fernando Gastón Martín Carrizo, Matías Ezequiel Gil, Luis Alberto Contrera, Blanca Gladys Cristaldo y Flavia Lorena Bomrad, quienes deberán afrontar la medida cautelar, en concepto de daños y perjuicios.
A través de sus abogados, la familia de Pérez Algaba demandó a los presuntos autores del homicidio, que deberán afrontar la inhibición general de sus bienes hasta cubrir la millonaria suma. "Ahora bien, con el objeto de evitar que hasta tanto en ellos recaiga una sentencia definitiva, los demandados se desapoderen de sus bienes y la ejecución de dicha sentencia devenga ilusoria, acudo ante a requerir se dicte una medida cautelar que asegure la no variación del patrimonio de los obligados al pago de la justa indemnización que confío la justicia resolverá", consta en el documento, al que tuvo acceso este medio.
El argumento del pedido es la posibilidad de que los imputados "se desapoderen de sus bienes, variando su patrimonio, de modo tal que al momento de ejecutar la futura sentencia su situación patrimonial varíe considerablemente, como para tornar ilusorio el cobro de la indemnización a resolverse".
La causa está en el Tribunal de Casación
Por ahora, la causa se encuentra en el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, que deberá decidir en qué departamento judicial tramitará la investigación.
El juez de Garantías Nº4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, remitió el expediente, que en principio estuvo a cargo del fiscal de la UFI 5 Marcelo Domínguez. Sin embargo, la jueza de Garantías 3 de Moreno - General Rodríguez, María Celina Ardohain, rechazó de la competencia atribuida.
"Conforme lo meritado oportunamente, se declara Incompetencia por territorio, y se resolvió declinar la competencia para continuar interviniendo en favor del Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez", se lee en el texto presentado por la magistrada.
De esta manera, se opuso a lo dispuesto en octubre pasado por el juez Monelos, quien sostuvo que el homicidio había sido cometido en una jurisdicción ajena al área correspondiente a los Tribunales de Lomas.
