Ramos Padilla afirmó que investiga "una red ilegal de grandes magnitudes"

En una exposición exhaustiva ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla ventiló algunos de sus hallazgos en la causa en la que investiga la presunta extorsión de Marcelo D’Alessio al empresario Pedro Etchebest y dijo que a partir de las pesquisas que realizó el caso viró y ahora su equipo pone la lupa sobre “una red de espionaje político judicial de magnitudes”.

Durante casi cuatro horas, el magistrado dio a conocer fotos, audios, chats, documentos y sostuvo que la causa que involucra al fiscal Carlos Stornelli es apenas una porción “ínfima” de un cuadro mucho más profundo que involucra al poder político, judicial, las fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia, periodistas e incluso a actores de distintos países como los Estados Unidos, Israel, Venezuela y Uruguay.

“Lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal (en referencia a Stornelli), no a uno solo, sino a varios, a un periodista, a un juez, es ínfimo… Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de varios países”, advirtió el juez.

A partir de ahí comenzó a desenredar una extensa trama que parecería no tener principio ni final y que puede golpear de lleno a Cambiemos y al Gobierno de Mauricio Macri en plena campaña. Por eso los legisladores del oficialismo se ausentaron del audiencia y señalaron que la exposición era una “maniobra” y “una puesta en escena” del kirchnerismo.

El complejo entramado fue ejemplificado por el juez con el caso del ex directivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat que a través de una entrevista concedida al periodista de Clarín Daniel Santoro involucró a funcionarios K con maniobras de lavado de dinero.

“Se aplicó el mecanismo de ablande o quiebre para publicar (incormación) en los medios”, apuntó Padilla y subrayó que entre los datos secuestrados del celular y la computadora de D’Alessio surgen contactos con el “usuario Carlos Stornelli”

En solo 10 días de investigación, sentenció Ramos Padilla, “fueron detectados varios hechos que daban cuenta de la posibilidad de que esta organización cometiera varios delitos de distinto tipo de manera simultánea”.

El magistrado explicó que a partir del levantamiento del secreto de sumario se modificó el objeto de investigación, y que lo que empezó como un caso de extorsión, se convirtió en una trama con múltiples ramificaciones a partir de la supuesta actividad ilegal de espionaje con involucramiento de agentes de inteligencia "al menos paraestatales".

"Esta organización parece estar funcionado desde hace mucho años", explicó el juez, y añadió: "La metodología era la recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de distintas personas de manera paralela a las causas judiciales, para luego llevar a cabo acciones coactivas, intimidatorias y extorsivas, todo ello con la finalidad de influir en causas judiciales".

Sobre D´Alessio, Ramos Padilla dijo que aprovechaba sus aceitados vínculos con la prensa para conseguir espacios de publicidad en calidad de experto en combate al narcotráfico y que sus "operaciones de acción psicológica" tuvieran mayor eficacia e intensidad.

En esta línea, se refirió a la llamada "Operación Fantino", es decir, la maniobra por la cual el falso abogado se habría logrado "infiltrarse" mediante el periodista Daniel Santoro en el programa "Animales Sueltos" con la finalidad de extraer información sobre las actividades y opiniones políticas del grupo de periodistas del ciclo televisivo.

"Esto permite vislumbrar intencionalidad de reunir información de tipo política e ideológica en una clara acción de inteligencia mediante infiltración", sentenció, luego de lo cual aclaró aseguró que "no debería existir en la Argentina ningún registro sobre la ideología política de los periodistas".

También reveló que el falso abogado reportaba a un superior, a quien identificaba con las siglas "RB", a quien le remitía sus informes de inteligencia.

Por otro lado, el juez federal de Dolores puso en evidencia las conexiones políticas de D'Alessio con el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, así como también adelantó que consiguió más testimonios de empresarios que sostienen que fueron víctimas de operaciones para que "vendan sus empresas a capitales foráneos".

En medio de todo eso, se quejó del silencio del Procurador General de la Nación que se negó a intervenir en la causa pese a sus pedidos y apuntó contra el juez Ercolini, quien pidió su inhibición y que giraran la causa a los Tribunales de Comodoro Py.