El Senado se prepara para rechazar otro veto: el debate, en vivo
congreso. Se trata del proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que busca un reparto sin la intervención del Ejecutivo. El Gobierno lo había frenado.
El Senado sesiona este jueves en busca de rechazar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en medio de un panorama adverso para el Gobierno ante sucesivas derrotas en el Congreso.
Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con algunos gobernadores, la Cámara alta se encamina a darle la espalda a Milei en esta iniciativa.
El proyecto de los ATN fue impulsado en julio por los propios gobernadores; recibió en el Senado 56 votos afirmativos (hubo 57 presentes) y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no solo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza (LLA) y otros que juegan libres.
A la sesión de hoy se sumarán al temario otros proyectos con dictamen: el que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía, el proyecto que agrava las penas para accidentes viales y otro sobre el manejo del fuego.
¿QUÉ ES EL ATN?
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se extrae antes de la distribución automática de los fondos coparticipables que corresponde a las provincias. Tradicionalmente, el Ministerio del Interior se encargaba de determinar tanto los destinatarios como los montos de las transferencias.
El ATN se pensó, en su origen, como un recurso de contingencia. Así figura en el articulado de la Ley 23.548: atender desequilibrios inesperados y emergencias financieras que pudieran afrontar los gobiernos provinciales.
La iniciativa aprobada en el Congreso—y vetada por el presidente Milei—plantea un cambio profundo: convertir el ATN en parte del sistema de reparto automático previsto para la coparticipación federal. Así, su distribución dejaría de depender de la voluntad política del Poder Ejecutivo y pasaría a ajustarse a los coeficientes objetivos que ya rigen para los otros fondos coparticipables.
