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Pozo de Banfield: polémica frase de un imputado sobre víctimas travestis-trans

AVANZA EL JUICIO. Declararon seis acusados, entre ellos, el exministro de Gobierno bonaerese Jaime Lamont Smart, quien tuvo una desafortunada declaración.

Jaime Lamont Smart uno de los imputados en el juicio

Jaime Lamont Smart, uno de los imputados en el juicio.

Seis imputados en el "Juicio Brigadas" declararon en una nueva audiencia del proceso que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el Infierno de Lanús y la Brigada de San Justo.

En el marco de la ampliación de imputaciones, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata continuó con las indagatorias. En esta oportunidad, fue el turno de Carlos Romero Pavón (siguió con el testimonio de la audiencia pasada), Alberto Candioti, Roberto Balmaceda, Juan Miguel Wolk y Luis Horacio Castillo.

Además, ampliaron sus declaraciones Carlos Fontana y el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart. Fue justamente éste último el que lanzó una polémica frase sobre los delitos contra el colectivo travesti-trans, juzgados en este debate.

"Omití hacer referencia a la imputación que se nos hace por la detención de prostitutas y travestis en las brigadas de Quilmes y Banfield. Todos sabemos que regía en aquel entonces un Edicto de Escándalo que combatía la prostitución pública y se aplicaba a todos los contraventores", explicó, y enseguida agregó: "Pretender que sea un delito de lesa humanidad la detención de prostitutas y travestis es muy ridículo. El tribunal debe rechazar todas estas imputaciones que están dirigidas a seguir surtiéndose de los fondos del Estado".

Por su parte, Fontana se desentendió de la mayoría de los cargos que le imputan y sostuvo que de los 56 casos, hay 43 que no le corresponden porque no se desempeñaba en el lugar de los hechos. "Nunca estuve ni conozco el lugar de ubicación del denominado Pozo de Banfield. Nunca recibí o impartí ninguna orden para practicar detención, privación ilegal de la libertad, aplicar tormentos, vejar a mujeres, ocultar o retener menores", declaró.

En tanto, Candioti detalló que había prestado "servicios en el Destacamento de Inteligencia 101 desde enero de 1978 a abril de 1979", pero aclaró: "Nunca realicé un curso de oficial de inteligencia ni tuve ninguna preparación de inteligencia". Al igual que Fontana, señaló que "más del 70% de las personas" privadas de su libertad lo estuvieron cuando él ya no prestaba servicio en el Destacamento.

Más tarde, prestó declaración Wolk, quien dijo no conocer a ninguna de las víctimas y aclaró que siempre trabajó "en delitos contra la propiedad, nunca en otro organismo ni contra otras personas que podían llamarse subversivos". En la misma sintonía se expresó Balmaceda: "No conocí a ninguna de las personas que están mencionadas en la causa. Tampoco he recibido ninguna orden en la cual me mandaran secuestrar, robar, torturar, vejar, violar a ninguna persona. En ningún momento a un oficial se le hubiera pasado por la mente a hacer semejantes cosas".

Finalmente, fue indagado Luis Horacio Castillo, quien se incorporó como imputado este mismo año. Al igual que los demás acusados, aseguró que no tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad juzgados aquí: "Nunca secuestré a nadie, nunca torturé a nadie, nunca recibí o amenacé a nadie, nunca violé o asesiné a nadie, ni colaborado de manera alguna en esos o cualquier otros ilícitos. Mi legajo es intachable", destacó, y sostuvo que está cumpliendo prisión preventiva por "imputaciones formuladas por el fiscal de primera instancia, quien se desentendió de su obligación de buscar la verdad y se dedicó a tratar de fabricar un culpable".