Piden a la justicia que investigue estafas a jubilados beneficiarios de la Reparación Histórica
NACIONALES. El fiscal Gabriel González Da Silva solicitó que se investiguen maniobras delictivas contra ciudadanos de todo el país.
El fiscal Gabriel González Da Silva solicitó a la Justicia Federal que investigue estafas telefónicas realizadas a beneficiarios del Programa de Reparación Histórica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en diferentes ciudades de todo el país.
El fiscal a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) inició la causa el 18 de septiembre pasado, a raíz de una presentación de la ANSeS que daba cuenta de una gran cantidad de maniobras delictivas, que consistían en llamados telefónicos a jubilados, pensionados o sus familiares o apoderados.
Según publicó el portal Fiscales.gob.ar, en las llamadas, los sospechosos se hacían pasar por empleados de ANSeS para gestionar el beneficio del Programa para lo cual contaban con información personal de difícil acceso de los damnificados.
Cuando la víctima accedía a realizar a realizar el trámite, el supuesto agente de la ANSeS le solicitaba efectuar una transferencia a una cuenta bancaria que le proveía, con la excusa de que así podría cobrar el saldo a su favor.
Así fue como muchas de las víctimas efectuaron el pago con el dinero que tenían en sus cuentas o mediante la solicitud de préstamos bancarios y, en algunos casos, fueron desapoderadas de sus ahorros.
Se denunciaron un total de 106 casos en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales 24 fueron judicializados ante la justicia local de cada jurisdicción.
En virtud de la información recabada en el expediente, el fiscal consideró que si bien las presentaciones efectuadas por la ANSeS, ocurrieron en distintas provincias, las bases de datos informáticas y las áreas correspondientes a la atribución de los beneficios solicitados tienen sede central en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que corresponde que intervenga la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Fede
