Argentina giró u$s 1.000 millones a bonistas y responsabilizó a Griesa por incumplir el pago
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El Gobierno giró esa cifra a los bonistas que ingresaron a los canjes en 2005 y 2010, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en el prospecto de emisión de los títulos de deuda, con lo que buscó dejar en claro su "voluntad de pago".
Al mismo tiempo, responsabilizó al juez Thomas Griesa, a los Estados Unidos y su sistema judicial y a las entidades financieras intermediarias, en el caso de que el pago no llegue a ser efectivizado el lunes 30 de junio, y advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales en foros internacionales.
La decisión oficial se conoció sobre el mediodía, a través del ministro de Economía, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
Incluso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -a través de su cuenta en la red social Twitter- publicó el comunicado oficial en el que destacó la decisión bajo el título "Argentina paga".
Minutos después del encuentro con la prensa en la que Kicillof leyó el comunicado oficial, en Nueva York el juez Griesa dio a conocer su rechazo a la solicitud presentada por Argentina de suspender la medida que obliga a pagar a los fondos buitre para poder cumplir los compromisos con el resto de los acreedores de deuda, por lo que el dinero depositado podría ser embargado.
Griesa consideró que la solicitud "no es apropiada" y dijo que la orden de pagar a los fondos especulativos "no entra en vigor" a menos que el país realice pagos a los tenedores de bonos reestructurados.
Griesa recordó que en el caso fue nombrado un mediador, el abogado neoyorquino Daniel Pollack, y que su tribunal "entiende que las negociaciones (entre Argentina y los fondos buitre) van a incluir el manejo de futuros pagos de los bonos reestructurados".
Por su parte, NML Capital, uno de los fondos buitre que litigaron contra el país, envió esta tarde una nota a Griesa en la que califican de "medida descarada" y "violatoria" de las disposiciones de la justicia estadounidense a la decisión adoptada por el gobierno argentino de pagar a los bonistas del canje.
Luego, NML pidió una audiencia, y Griesa concedió la misma, y quedó pautada para mañana a las 11.30 hora argentina (10.30 en Nueva York).
Kicillof, durante el anuncio de la medida oficial, se limitó a la lectura del comunicado en el que se recalca la "decisión soberana de honrar sus deudas" por parte la República Argentina, sin pretender "colisionar con otras decisiones emergentes de autoridad judicial que alteran las bases contractuales suscriptas".
"La Argentina ha procedido al pago de los servicios de capital e intereses de sus bonos bajo ley extranjera por el equivalente a 832 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en las cuentas 15.098 y 15.002 del Banco New York Mellow (BONY) en el Banco Central de la República Argentina", señala el comunicado.
A tal efecto, se aclara que "el pago realizado hoy a los tenedores que adhirieron voluntariamente al canje, sumando los intereses en pesos, supera los mil millones de dólares".
El depósito se realizó hoy en virtud de que "mañana es feriado en la administración pública y el pago debe realizarse el último día hábil antes del vencimiento".
De esta manera, la Argentina continúa con su "exitoso proceso de reestructuración voluntaria de deuda", respetando así los "derechos representados por una mayoría clara e indubitable, que no puede ser fulminados por el 1 por ciento de los bonistas".
En el documento, el gobierno advirtió además sobre la posibilidad de llevar adelante "eventuales acciones judiciales" ante foros internacionales como el Tribunal de La Haya y la justicia ordinaria local, debido a que el fallo del juez Griesa "vulnera el principio de inmunidad soberana vigente en ese país (EEUU) como norma de jerarquía institucional superior e interpreta además en forma antojadiza y absurda el principio de `pari passu`".
A renglón seguido, sostiene que "esta decisión soberana de la República Argentina implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa respecto a eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional".
Esas presentaciones se sustentarían en articulados contemplados en los estatutos de conformación de la Organización de los Estados Americanos (artículo 61), de la Organización de las Naciones Unidas (artículos 2ª inciso 1 y 4), el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 4º) y se concretarían ante el Tribunal Internacional de La Haya "como sujetos de derecho internacional y ante tribunales ordinarios de la República Argentina".Argentina giró u$s 1.000 millones a bonistas y responsabilizó a Griesa por incumplir el pago
El Gobierno giró esa cifra a los bonistas que ingresaron a los canjes en 2005 y 2010, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en el prospecto de emisión de los títulos de deuda, con lo que buscó dejar en claro su "voluntad de pago".
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Al mismo tiempo, responsabilizó al juez Thomas Griesa, a los Estados Unidos y su sistema judicial y a las entidades financieras intermediarias, en el caso de que el pago no llegue a ser efectivizado el lunes 30 de junio, y advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales en foros internacionales.
La decisión oficial se conoció sobre el mediodía, a través del ministro de Economía, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
Incluso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -a través de su cuenta en la red social Twitter- publicó el comunicado oficial en el que destacó la decisión bajo el título "Argentina paga".
Minutos después del encuentro con la prensa en la que Kicillof leyó el comunicado oficial, en Nueva York el juez Griesa dio a conocer su rechazo a la solicitud presentada por Argentina de suspender la medida que obliga a pagar a los fondos buitre para poder cumplir los compromisos con el resto de los acreedores de deuda, por lo que el dinero depositado podría ser embargado.
Griesa consideró que la solicitud "no es apropiada" y dijo que la orden de pagar a los fondos especulativos "no entra en vigor" a menos que el país realice pagos a los tenedores de bonos reestructurados.
Griesa recordó que en el caso fue nombrado un mediador, el abogado neoyorquino Daniel Pollack, y que su tribunal "entiende que las negociaciones (entre Argentina y los fondos buitre) van a incluir el manejo de futuros pagos de los bonos reestructurados".
Por su parte, NML Capital, uno de los fondos buitre que litigaron contra el país, envió esta tarde una nota a Griesa en la que califican de "medida descarada" y "violatoria" de las disposiciones de la justicia estadounidense a la decisión adoptada por el gobierno argentino de pagar a los bonistas del canje.
Luego, NML pidió una audiencia, y Griesa concedió la misma, y quedó pautada para mañana a las 11.30 hora argentina (10.30 en Nueva York).
Kicillof, durante el anuncio de la medida oficial, se limitó a la lectura del comunicado en el que se recalca la "decisión soberana de honrar sus deudas" por parte la República Argentina, sin pretender "colisionar con otras decisiones emergentes de autoridad judicial que alteran las bases contractuales suscriptas".
"La Argentina ha procedido al pago de los servicios de capital e intereses de sus bonos bajo ley extranjera por el equivalente a 832 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en las cuentas 15.098 y 15.002 del Banco New York Mellow (BONY) en el Banco Central de la República Argentina", señala el comunicado.
A tal efecto, se aclara que "el pago realizado hoy a los tenedores que adhirieron voluntariamente al canje, sumando los intereses en pesos, supera los mil millones de dólares".
El depósito se realizó hoy en virtud de que "mañana es feriado en la administración pública y el pago debe realizarse el último día hábil antes del vencimiento".
De esta manera, la Argentina continúa con su "exitoso proceso de reestructuración voluntaria de deuda", respetando así los "derechos representados por una mayoría clara e indubitable, que no puede ser fulminados por el 1 por ciento de los bonistas".
En el documento, el gobierno advirtió además sobre la posibilidad de llevar adelante "eventuales acciones judiciales" ante foros internacionales como el Tribunal de La Haya y la justicia ordinaria local, debido a que el fallo del juez Griesa "vulnera el principio de inmunidad soberana vigente en ese país (EEUU) como norma de jerarquía institucional superior e interpreta además en forma antojadiza y absurda el principio de `pari passu`".
A renglón seguido, sostiene que "esta decisión soberana de la República Argentina implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa respecto a eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional".
Esas presentaciones se sustentarían en articulados contemplados en los estatutos de conformación de la Organización de los Estados Americanos (artículo 61), de la Organización de las Naciones Unidas (artículos 2ª inciso 1 y 4), el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 4º) y se concretarían ante el Tribunal Internacional de La Haya "como sujetos de derecho internacional y ante tribunales ordinarios de la República Argenti
