Por 4 votos a 1, los máximos jueces avalaron el rechazo a la ley de reparación histórica que representa un recorte en los haberes. Ahora el Congreso deberá establecer un nuevo indicador.
Los jubilados celebraron la iniciativa.
Los jubilados celebraron la iniciativa.

La Corte Suprema de Justicia avaló al jubilado Luis Blanco, quien impulsó el rechazo a la ley de reparación histórica.

Con los votos de Maqueda, Lorenzetti, Rosatti y Highton quedó firme la aplicación del "precedente Elliff” del año 2009, que estableció que las remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC.

También declararon la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSeS N° 56/2018 y de la Secretaría de Seguridad Social N° 1/2018 que cambiaban el índice ISBIC por la variación del RIPTE. La única disidencia fue la del juez Rozenkrantz.

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Ahora, el Congreso de la Nación deberá, "en un plazo razonable", fijar el nuevo indicador para la actualización del haber inicial. Hasta que ello ocurra, el cálculo se realizará en base a este fallo en todas las causas pendientes de resolución judicial.

El fallo del máximo tribunal significa que entre 95.000 y 150.000 jubilados y pensionados que mantienen los reclamos judiciales por sus haberes podrán percibir un aumento de sus jubilaciones, con el retroactivo correspondiente, a medida que los jueces fallen.

En este sentido, el Poder Ejecutivo deberá afrontar un gasto adicional.  “El colectivo de jubilados son 7 millones, quienes están relacionados con este fallo de forma directa son los que ya llegaron a la Corte y luego los 150 mil restantes que ya están en juicio, que mantuvieron su juicio no aceptando la reparación histórica”, evaluó el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino.