"El aborto es una deuda de la democracia"

Con las exposiciones de funcionarios del Gobierno nacional este martes comenzó a debatirse en comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado por el oficialismo, que se espera podría recibir dictamen de mayoría el próximo viernes y sería tratado en el recinto el jueves 10 de diciembre.

La iniciativa, según las posiciones anticipadas, contaría con los votos necesarios para su aprobación en la Cámara baja, mientras en el Senado la votación estaría más peleada. El resultado dependerá de la capacidad de generar acuerdos que tengan cada uno de los sectores, ya sea a favor o en contra, y sobre todo de la posición que tomen los indecisos.

La discusión será más rápida que la de 2018 y tendrá un final cerrado.

A diferencia de lo que ocurrió en aquel entonces, cuando por comisiones pasaron un total de 724 expositores, este año las presentaciones serán 50, con la posibilidad de que se agreguen 10 más, "en tanto ello no implique una dilación en el tratamiento del proyecto", explicaron fuentes parlamentarias.

Mitad a favor, mitad en contra, los expositores tendrán siete minutos como máximo para argumentar sus posiciones y podrán utilizar cualquier tipo de medio audiovisual para acompañar la presentación.

En esta jornada inicial, en los alrededores del Congreso, cientos de mujeres se concentraron, manteniendo el distanciamiento social para seguir de cerca todo lo que suceda puertas adentro del parlamento durante la tarde. Anamá Cardozo, referente de la Regional Zona Sur de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, es una de ellas.

En diálogo con La Unión, aseguró que "la pandemia lo que hizo fue intensificar las desigualdades respecto de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar". Por eso consideró que "está en evidencia que el aborto sigue siendo una cuestión de salud pública y es una deuda de la democracia".

"Lo que pudimos evidenciar con la Campaña es que las mujeres que pueden acceder a interrupciones legales del embarazo lo hacen por medio de una red feminista. Entonces para todas nosotras es súper injusto porque no damos abasto, porque no llegamos a todo y siguen muriendo (mujeres) en la clandestinidad", remarcó.

En un año en el que las complicaciones de la pandemia retrasaron hasta último momento la discusión en el Congreso, Cardozo consideró que "al oficialismo no le quedó otra que presentar su proyecto de ley", un proyecto que tiene varias semejanzas con el de la Campaña presentado en mayo de 2019 y también algunas diferencias.

Las principales discrepancias entre los proyectos son tres. Mientras que el articulado de la Campaña no prevé ningún tipo de objeción de conciencia, el del Ejecutivo lo hace a nivel individual, aunque estipula que el profesional que haga uso de esta objeción deberá encargarse de derivar a la persona que requiere el aborto adoptando "todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica". 

En segundo lugar, el proyecto del oficialismo establece diez días de plazo para garantizar el acceso a la IVE y el de la Campaña prevé cinco. Este último proyecto tampoco estipula penas para "quien causare el propio aborto" o consintiera "que otro se lo cause" luego de las 14 semanas de gestación y por fuera de las causales de no punibilidad previstas luego de ese período: abuso sexual o riesgo para la vida o salud integral.

El del Ejecutivo sí lo hace, aunque reduce la pena actualmente establecida en el Código Penal: de uno a cuatro años de prisión, la pena baja a tres meses a un año.

En medio de estas diferencias, la referente de la Regional Zona Sur de la Campaña adelantó que más allá de lo que suceda con la votación desde el colectivo seguirán "luchando por una ley que sea aplicable en todo el territorio nacional"

"Por suerte, en 2018, pudimos sacar al aborto del closet, así que esta lucha está más viva que nunca", cerró.