Stolbizer denunció al Gobierno por contrataciones ilegales
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La líder del GEN aseguró que el Poder Ejecutivo gastó casi $175 millones para la contratación de servicios de consultoría sin una justificación clara.
Un informe de la ONG Bajo La Lupa, que conduce Margarita Stolbizer, detectó la existencia de casi $175 millones destinados por el Poder Ejecutivo a la contratación de servicios de consultoría "sin que las mismas se encuentren justificadas de manera suficiente".
El relevamiento se acotó al seguimiento de los servicios de de consultoría privada que han hecho diversos organismos y Ministerios de la Administración Pública Nacional durante un año (2016/2017) y advirtió sobre el destino de fondos para "los contratos mas insólitos, además de repeticiones de las mismas empresas, casos de conflictos de interés".
Uno de los casos que llamó la atención de la ONG es el de la contratación de la empresa Dialal SRL por parte del Ministerio de Producción para el desarrollo del Programa de Mentoría de emprendedores de esa cartera, por un monto de casi $50 millones.
Uno de los casos que llamó la atención de la ONG es el de la contratación de la empresa Dialal SRL para la contratación de un servicio que usualmente no presta.
La fundación reparó en que "la actividad principal" de la empresa adjudicada es "servicio minorista de agencia de viajes, no encontrándose fundamento para la adjudicación de casi $50 millones ".
En las conclusiones del informe, se observa que "se repiten en muchos casos las mismas empresas que eran contratadas en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", y destacó que la mayor cantidad de dichas contrataciones correspondieron al Ministerio de Modernización.
Además, "se advierte que los pliegos no ofrecen los detalles suficientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de millonarias contrataciones de servicios de consultoría".
A su vez, "se observa un nivel récord en este tipo de contrataciones no solo por la cantidad de casos sino también por las partidas presupuestarias destinadas", en tanto que "en algunos supuestos se estarían privatizando tareas que son propias del Estado, duplicándose los costos toda vez que la Administración Pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas que las consultorías contratadas".
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