El Gobierno "sugirió" liberar a 500 presos para hacer lugar en las cárceles
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En el listado confeccionado por el Ministerio de Seguridad hay 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad, homicidas, violadores y miembros de redes de trata. La medida ya levantó polémica entre los jueces de los Tribunales federales.
La noticia comenzó a correr como un reguero en Tribunales y ya levantó polémica: el Gobierno “sugirió” liberar a 500 presos que hoy se encuentran en cárceles federales para que salgan bajo libertad condicional o reciban la prisión domiciliaria. En el listado hay 96 condenados por delitos de lesa humanidad, homicidas y violadores.
El jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, Jorge “El Tigre” Acosta, el exagente de la Policía Federal “Turco” Julio Simón, Cristian von Wernich, excapellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y Guillermo Laborda, uno de los integrantes del Clan Puccio, forman parte de la nómina.
El documento al que accedió en exclusiva el portal Infobae está conformado por 1.111 detenidos –hombres y mujeres- que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le envió a fines de enero a jueces penales para que analicen si les otorgan este beneficio. La intención del Poder Ejecutivo es “descomprimir la situación en las cárceles”.
El listado está compuesto por distintas categorías de detenidos: “internos de lesa humanidad mayores de 70 años, “internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de la libertad condicional”, “internos comunes mayores de 70 años”, “internas alojadas con hijos de hasta 10 años”, entre otras.
El 31 de enero pasado, el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez, le envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias integrado por magistrados, fiscales, organismos del Estado de derechos humanos, la nota 309 junto con la nómina completa.
La nota explicaba que en diciembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia le había pedido al Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano y de quien depende el SPF, que diera una solución a la situación en las cárceles.
Así, el SPF les informó a jueces, a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y al propio Ministerio de Justicia sobre el Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control (tobillera electrónica) y "los internos que podrían ser incorporados prima facie al citado Protocolo".
Entre los señalados hay 25 condenados por homicidios, 31 por abusos sexuales; también hay otros por delitos como robos, infracción a la ley de drogas, trata de personas y secuestros.
Los jueces mostraron su enojo con la medida del Gobierno. “Nos quieren pasar a nosotros el problema de la superpoblación cuando es todo de ellos”, explicó
