Ferraresi presentó un amparo contra la eliminación del Fondo Sojero

El intendente de Avellaneda presentó un escrito ante la Justicia Federal de Quilmes pidiendo la nulidad del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri.

Los intendentes del PJ de la zona Sur avanzan su estrategia para resistir a la eliminación del Fondo Federal Solidario dispuesto por el Gobierno. El jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, presentó un amparo ante la Justicia Federal de Quilmes y pidió la nulidad del decreto por las consecuencias que acarrería en la ejecución de la obra pública.

En su presentación, el Municipio consideró que la decisión de la Casa Rosada genera un “claro perjuicio” a las provincias y a los más de 2000 Distritos que recibían un porcentaje de los montos recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y harinas y aceites de soja. Se trata de $8500 millones menos para 2019.

El escrito asegura que el decreto 756/18 es “ostensiblemente inconstitucional” y “representa un riesgo inminente respecto al cumplimiento de los contratos de obra pública en ejecución y a ejecutarse (…) por esta decisión impulsiva y arbitraria”. Aparte, sostiene, que afecta la “previsibilidad” de los presupuestos acordados por la gestión.

Esta medida se suma a otras que los Municipios de la región comenzaron a impulsar por orden de los intendentes. El Concejo Deliberante de Almirante Brown, en su última sesión, rechazó la eliminación del Fondo Sojero que representa una pérdida de $55 millones para esa Comuna, según datos que brindó el intendente Mariano Cascallares.

Hasta el momento, Almirante Brown solo recibió $21 millones y perderá unos $55 millones, según precisaron los concejales del bloque Frente para la Victoria-PJ. “Significa menos servicios para nuestros vecinos”, remarcó el jefe comunal.

Los intendentes peronistas el martes se reunieron en La Plata y definieron la táctica judicial y política para frenar la eliminación del Fondo por decreto: avanzarán en presentaciones individuales y un amparo colectivo que también impulsará la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Los primeros avances ya comenzaron a ve