Envuelto en el escándalo, el Gobierno presentará un proyecto para bancarizar los aportes de campaña

El Ejecutivo busca dejar atrás la crisis que se abrió por los aportantes truchos, mientras en la Justicia avanzan tres causas que investigan si en la campaña de Cambiemos hubo lavado de dinero, falsificación de documentos públicos y usurpación de identidad.

Las denuncias de irregularidades en el financiamiento de la campaña de Cambiemos en la provincia obligaron al Gobierno a dar un golpe de timón. El oficialismo consensuó presentar en el Congreso de “forma inminente” y con la firma del presidente Mauricio Macri un proyecto para modificar la ley de financiamiento político.

Un día después de que la gobernadora María Eugenia Vidal le pidiera la renuncia a la contadora bonaerense, Fernanda Inza, responsable del financiamiento de la campaña, la Casa Rosada puso en marcha un plan de contingencia para intentar enterrar el escándalo y dar una vuelta de página antes de que se ponga en marcha la carrera rumbo a 2019.

Las denuncias de beneficiarios de planes sociales e incluso de funcionarios del oficialismo que negaron haber aportado dinero para la campaña a pesar de figurar en los listados, aceleraron los tiempos y motivaron reuniones de urgencia entre la Provincia y la Nación.

El plan: tomar la iniciativa luego de varias semanas de silencio absoluto. Según el borrador que analiza hoy la Secretaría de Legal y Técnica, el proyecto prohíbe de manera total las donaciones en efectivo, insta a la bancarización obligatoria y habilita aportes empresariales, algo que hoy está prohibido para evitar “influencias” y “sobornos”.

La paradoja del proyecto oficial está en que a pesar de haber sostenido el discurso de la transparencia durante la última campaña, la alianza oficialista fue el partido que más fondos recibió en efectivo en la provincia de Buenos Aires en 2017: el 90% de los aportes que registró Cambiemos, poco más de $76.000.000, fueron en totalmente efectivo.

En medio esta trama poco clara fue que una investigación del portal web “El Destape” descubrió una lista de más de 800 aportantes que figuraban en las declaraciones juradas del oficialismo y que no habían aportado ni un solo peso.

Por esta situación se abrieron tres investigaciones paralelas en la justicia: una por lavado de dinero, otra por usurpación de identidad y falsificación de documentos y otra para dar con los responsables políticos del esquema fraudule