Este jueves los organizaciones que trabajan en el sector reclamarán frente a la Residencia Presidencial para pedir que el Estado se ocupe de las familias que más lo necesitan.
Las organizaciones que atienden a personas con discapacidad desde hace tiempo vienen pidiendo una respuesta del Gobierno.

Personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las nuclean se movilizarán este jueves a la mañana frente a la Quinta Presidencial de Olivos para reclamar contra el “ajuste” en el sector evidenciado en el “recorte de pensiones”, “aumento de los aranceles de emergencia” y “provincialización del transporte”.

Durante la protesta, las entidades que forman parte del Foro Permanente para la Protección y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunciarán que el Programa Federal Incluir Salud -dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad- adeuda a algunas instituciones pagos atrasados de 2017, 2018 y 2019.

Leé también:  Trabajadores del Conicet se movilizarán contra el ajuste

Ese programa está dirigido a titulares de Pensiones Nacionales No Contributivas (PNC) que no cuenten con asistencia de servicios de salud, como obras sociales, y atiende unas 30.000 personas en educación, rehabilitación, centros de día, inclusión educativa, centros educativos terapéuticos, transporte y hogares.

”A esto se le suma que el Estado, luego de más de un año sin dar aumento en los aranceles de las prestaciones para PCD, dio solamente 13% a partir de mayo de 2019. Esto no llega a cubrir los aumentos dados por diversos sindicatos para este año y se suma a los desfasajes del año anterior”, advirtieron en un comunicado.

”A causa de esto, varios servicios han tenido que cerrar y otros están en situación crítica”, agregaron.

Leé también:  La Justicia frenó el recorte de pensiones

Por otro lado, cuestionaron la decisión de transferir a las provincias la administración de las prestaciones de transporte que permiten asistir a las personas a los diversos servicios, “sin tiempo de preparación”, lo que “provocó que muchas personas con discapacidad quedaran sin atención en educación, rehabilitación y asistencia”.