Lo aseguró Jorge Capitanich al ser consultado sobre el alcance de las irregularidades denunciadas en la Sedronar. “Si existen anomalías, deberán someterse a las leyes", expresó.

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El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que “cada funcionario se hace cargo de su responsabilidad”, al ser consultado sobre el alcance de las irregularidades denunciadas en la Sedronar, y dejó en claro que “si existen anomalías, deberán someterse a las leyes".

Así lo afirmó el jefe de ministros durante su habitual encuentro con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, al ser consultado sobre el pedido de una auditoría formulado por el titular de ese organismo, el sacerdote Juan Carlos Molina, a la Sindicatura General de al Nación (Sigen).

El padre Molina reclamó en persona las renuncias de varios funcionarios que habían sido designados en gestiones anteriores y, además, una intervención de la Sigen con el objeto de identificar claramente la auditoría técnica y financiera de la Secretaría de Programación y Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.

Capitanich señaló que “renunciaron ocho funcionarios de la conducción anterior; 13 lo hicieron cuando fue designado el padre Molina; a tres no se les renovó el contrato y 14 personas pasaron a revistar en la policía de Seguridad Aeroportuaria".

Remarcó que el pase a la Policia Aeronaútica se debe al "nuevo rol del Sedronar que ahora está relacionado a la prevención, participación social comunitaria de carácter territorial", y que "la nueva modalidad de organización implica que todo lo atinente a la seguridad pasó a depender del Ministerio de Seguridad".

Relató que en el marco de ese contexto “las manifestaciones de origen público asociadas a parálisis respecto a la gestión en definitiva fueron desmentidas por la realidad” y dió como ejemplo que “existían 1.500 expedientes de materia de precursores químicos y la mitad fueron resueltos durante esta gestión”.

Subrayó a continuación que la tarea que llevará a cabo el padre Molina “le dará clara identidad a un proceso de transformación del nuevo paradigma de atención respecto a la prevención de adicciones por parte del Estado nacional”.