Preocupación por las políticas públicas de Seguridad

Unos 300 investigadores de todo el país se reunieron para diagnosticar y discutir diversas problemáticas referidas a la seguridad y manifestaron su preocupación por las políticas públicas que se aplican en la actualidad.

En el marco de las Segundas Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía, más de 30 equipos de investigación entre los que se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), y Centro Universitario de San Martín (Unsam), consensuaron un documento que contiene acuerdos básicos para el diseño de una política criminal eficaz en la prevención de delitos y el resguardo de derechos.

El texto destaca "la necesidad de mejorar la producción y acceso a los datos sobre los delitos y las violencias", y subraya "la gravedad de las declaraciones y acciones del Gobierno nacional que legitiman usos de la fuerza policial que contradicen los marcos normativos y trastocan las prioridades que deberían orientar las prácticas policiales, que son la defensa de la vida, los derechos y la integridad física de todas las personas".

También se expone la problemática de las armas de fuego, al considerar que "su control debería ser uno de los pilares de una política de seguridad tendiente a reducir los niveles de violencia en la sociedad". Y se resaltan las falencias de la política de control de drogas, la crisis del sistema carcelario y la agudización de la estigmatización de distintos actores sociales, como los migrantes, jóvenes y activistas sociales que son objeto constante de persecución.

Finalmente, el documento cuestiona duramente algunas características centrales del sistema de la política penal y el sistema de inteligen