En medio de la crisis, el Gobierno resolvió patear para 2020 la aplicación de la nueva suba, que debía regir a partir de octubre de este año.
La medida fue anunciada por el ministro de Energía,. Gustavo Lopetegui.

El Gobierno resolvió postergar hasta enero de 2020 el aumento en las tarifas de gas que debía regir a partir de octubre próximo, como parte del paquete de medidas de alivio anunciado para compensar el impacto de la devaluación del peso después de las PASO.

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, confirmó la decisión en las últimas horas y precisó que "en diciembre tendrá lugar la audiencia pública" para aplicar los nuevos incrementos a partir de enero, según se especifica en una nota del diario "Río Negro".

En marzo pasado se realizó una audiencia pública que determinó una primera actualización anual del 29% para el gas domiciliario. Sin embargo, para evitar que los usuarios deban afrontar esa suba solo durante el invierno, se acordó escalonar ese ajuste.

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Lo que buscó la Casa Rosada, en clave electoral, fue aplicar una "tarifa plana" para los hogares no sientan el impacto los meses previos a las elecciones, que justamente son los de mayor consumo.

El diferencial de esa tarifa, cercano al 20% del total, está previsto que sea pagado por lo usuarios a partir de diciembre, cuando las facturas reflejan el menor consumo habitual.

Las tarifas se incrementaron un 10% en abril; otro 9,5% en mayo; y 7,5% en junio. Con la aplicación de la tarifa plana, el alza absorbida por el Estado iba a reflejarse en las facturas que llegan a los domicilios en octubre, pero en medio de la crisis también quedó en stand by.

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La audiencia pública también programada para octubre se postergó hasta diciembre, y recién a fin de año, al filo de la asunción de un nuevo gobierno, se definirá la proporción del segundo aumento que regirá a partir de inicios de 2020.

Desde la Nación se había reconocido que la aplicación de la tarifa plana tendría un costo de $ 2.500 millones a abonarse a las distribuidoras, mientras el escalonamiento demandaría el pago del Estado de otros $ 2.000 millones.