Milei desreguló el servicio eléctrico: cuáles son los riesgos
mercado abierto. El Gobierno habilitó la competencia entre los prestadores de servicios pero también la posibilidad de compraventa que podría devenir en un oligopolio.
El Gobierno nacional desreguló el sector eléctrico habilitando una serie de acciones que promueven la competencia entre los prestadores de servicios y un plan para ampliar la de transporte eléctrico.
La reforma introduce varias medidas clave:
1) Apertura total al comercio internacional. Se habilita la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, estableciendo reglas claras y previsibles. El Estado solo podrá objetar operaciones por razones técnicas o de seguridad del suministro.
2) Contratos entre privados. Se restablece y fortalece la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, revirtiendo lo establecido en 2013. Esto busca promover la previsibilidad, la estabilidad en el abastecimiento y las inversiones de largo plazo en el sector.
Sin embargo, esta medida podría redundar en una mayor concentración empresaria, generando monopolios u oligopolios.
3) Libre elección del proveedor. Se ratifica la libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, garantizando que los consumidores puedan decidir con quién contratar su energía sin obstáculos regulatorios ni trabas operativas.
4) Transparencia en la facturación. Se introducen mecanismos regulatorios para que el usuario sepa qué paga. La factura no podrá incluir tributos de orden local ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados.
Esta desregulación se vincula con un plan reciente del Gobierno nacional que estableció un listado de obras prioritarias en todo el país para mitigar cuellos de botella y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Dichas obras serán financiadas y ejecutadas por empresas privadas a través del esquema de concesión de obra.
El ambicioso plan de expansión del transporte eléctrico contempla la incorporación de 5.610 nuevos kilómetros de líneas, lo que representa un aumento del 38.3% sobre la extensión actual del SADI.
Esta significativa inversión, que supera los US$6.600 millones de dólares, permitirá asegurar el buen funcionamiento del SADI.
El decreto que impulsa esta transformación fija un período de transición de 24 meses, durante el cual se deberá adecuar toda la normativa complementaria y garantizar una implementación gradual, ordenada y previsible de esta transformación.
